El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ordenó este viernes al Fiscal de Estado, Eduardo Duarte, que emprenda las acciones legales correspondientes para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Según explicó el mandatario, el fallo de la Corte Suprema que mencionó la causa C.E.C.L.M. dejó operativa de manera inmediata el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, lo que, en su lectura, sitúa a Misiones en una situación de desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la compra de suelo por parte de foráneos. “No podemos permitir que nuestro territorio quede desprotegido”, afirmó.

La acción práctica del movimiento legal será la oposición de la Fiscalía de Estado ante ventas de tierras en áreas de frontera provincial. Misiones se convirtió así en la primera provincia en adoptar una medida directa para contrarrestar los efectos de la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites a la compra por no residentes.

Passalacqua sostuvo que la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, tal como lo interpretó la Corte, acarrearía una alteración profunda de la autonomía y soberanía territorial, afectaría las finanzas públicas y podría impactar el entramado económico y social de la Provincia. También advirtió que la norma altera de forma sustancial las reglas que regulan sectores estratégicos para el desarrollo provincial y podría comprometer el control sobre recursos naturales y la seguridad, tanto provincial como municipal.

Misiones es, por su situación geográfica, la provincia con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. El gobernador recordó en la red social X que la provincia comparte el 90% de su frontera internacional con Brasil y Paraguay, y enfatizó la importancia de una biodiversidad única y de una economía que pone al pequeño productor en el centro. Subrayó que cuidar la tierra misionera es un deber innegociable ligado a la soberanía y al bienestar de la gente.

Con el decreto 1935, el Ejecutivo dispuso que el fiscal de Estado ejerza, por las vías que corresponda, las acciones y defensas necesarias para hacer valer los derechos e intereses de la Provincia ante la derogación de la Ley 26.737 derivada del artículo 154 del DNU 70/2023.