Las políticas laborales impulsadas por la administración de Milei, tanto la ley Bases (aprobada en julio de 2024 en 16 apartados) como la ley de modernización laboral (publicada en marzo de 2026), no habrían logrado generar la expectativa de crecimiento en empleo privado. En el primer tramo de vigencia de la ley Bases, el sector privado registró la destrucción de 106.927 puestos laborales formales, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Paralelamente, la participación de asalariados en el total de ocupados subió de 36,4% a 37,9%, lo que implicó aproximadamente 100.000 trabajadores que pasaron a figurar como asalariados, pese a que muchos siguen sin derechos laborales ni aportes previsionales y con salarios frecuentemente por debajo de los acordados en convenio.

En paralelo, la proporción de informalidad (todo el agrupado de ocupados sin regulación plena) se incrementó notablemente: del segundo trimestre de 2024 al segundo de 2026 avanzó de 41,4% a 45%. En los aglomerados urbanos medidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, eso se tradujo en unos 574.000 ocupados informales adicionales en apenas dos años, con la mayor parte de ellos desempeñándose como trabajadores por cuenta propia.

Con respecto a la segunda reforma, la ley de modernización laboral, los registros oficiales señalan una caída de 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Aunque los asalariados no registrados mostraron variaciones mínimas, la informalidad sobre el total de ocupados se posicionó en 45%, frente a 44,2% previamente. A la par, desde el inicio de la gestión libertaria, cerraron 31.342 empresas, en su mayoría pymes. Hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos que lo ocurrido en todo 2025. Los PPC facilitan suspensiones y la posibilidad de reducir salarios e indemnizaciones.

En el plano judicial, avanzan a ritmo lento dos causas vinculadas a firmas involucradas en procesos de PPC con indicios de adulteración, denunciadas por los gremios de Comercio y Seguridad Privada; se sospecha de una maniobra que habría involucrado a funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales.

El cuadro luce todavía complejo en un contexto económico recesivo, con salarios contenidamente reajustados e inflación en ascenso. A modo de referencia, la desocupación pasó de 5,7% en diciembre de 2023 a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según INDEC, mientras la informalidad pública y privada mantiene presión sobre el mercado laboral y el acceso a derechos laborales.