Este lunes, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó la movilización de trabajadores de la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires para exigir que se mantengan las indemnizaciones en los contratos que regirán el servicio entre 2028 y 2038. El monto total de estas indemnizaciones ronda los 200 millones de dólares. El gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, no prevé conservar ese beneficio cuando caduquen las actuales concesiones.
La protesta se llevó a cabo frente a la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto Primo 250, y no ante la Legislatura como se había anunciado inicialmente. Coincidió con una audiencia pública y virtual que analiza los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad a partir de dentro de dos años.
Durante la movilización, que incluyó momentos de tensión entre algunos manifestantes, Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, entregó en la mesa de entradas de la Comuna 1 una nota para insistir en que se mantengan las indemnizaciones.
Como adelantó Infobae, el gobierno porteño no incluirá el pago de estas indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, prevista para septiembre del año siguiente.
La semana pasada, en una asamblea del sector, Moyano afirmó que “nada se entregó gratis; todo se logró luchando en la calle” y recalco que no retrocederán en la demanda, señalando que seguirán buscando la resolución en la calle ante cualquier presión institucional.
Quedan dudas sobre qué ocurrirá con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales, prorrogados hasta septiembre de 2028. El sindicato también cuestiona si el presupuesto de la Ciudad para 2027 incluirá partidas para resarcir a los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector.
En el pliego licitatorio vigente, que mantiene la prórroga hasta 2028, figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece que al terminar el contrato la empresa adjudicataria calculará esas indemnizaciones; tras auditoría, el Gobierno de la Ciudad abonará esos montos a la firma para indemnizar a los trabajadores.
Para algunos analistas, esa cláusula podría entrar en tensión con la Ley 4120 (marco regulatorio del servicio porteño) y su artículo 19, que exige asegurar la continuidad laboral de toda la plantilla. En ese marco, se plantea que los contribuyentes podrían terminar financiando, a través de fondos públicos, un mecanismo de despidos que, para críticos, no implicaría una salida laboral real para el personal afectado.
