Este lunes, Pablo Moyano tomó la delantera de una movilización de trabajadores de la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la continuidad de las indemnizaciones previstas en los contratos que regirán entre 2028 y 2038. Las estimaciones sitúan ese beneficio en alrededor de 200 millones de dólares, monto que el gobierno de Jorge Macri no prevé mantener cuando se vencen las concesiones actuales de la recolección.
La protesta se llevó a cabo frente a la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto Primo 250, y no en la Legislatura como se había anunciado inicialmente. La acción se dio en paralelo a la audiencia pública y virtual que analiza los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad dentro de dos años.
Durante la movilización, que registró choques entre manifestantes, Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, entregó en la mesa de entradas de la Comuna 1 una nota en la que se reclama mantener las indemnizaciones.
Como informó Infobae, el gobierno porteño no incluirá el pago de indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, prevista para septiembre del año próximo.
La semana pasada, en una asamblea del sector, Moyano afirmó que “nadie nos regaló nada” y que lo conseguido se obtuvo “en la calle”. Afirmó que no darían un paso atrás respecto del tema y que buscarían esa cobertura indemnizatoria nuevamente en la calle, desafiando a la Policía y a los medios de comunicación.
Quedan dudas sobre qué ocurrirá con las indemnizaciones previstas en los contratos vigentes, prorrogados hasta septiembre de 2028. El sindicato no está seguro de que el presupuesto de la Ciudad para 2027 cubra las partidas necesarias para resarcir económicamente a los 6.000 trabajadores del sector.
En el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta 2028, figura dentro del Régimen de Personal Operativo el concepto “Indemnizaciones Finales”: al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria calculará dichas indemnizaciones; tras su auditoría, el Gobierno de la Ciudad podría abonarlas a la firma para que resuelva las indemnizaciones a los trabajadores.
Algunas interpretaciones sostienen que esa cláusula contradice normas: mientras el contrato obliga a la Ciudad a financiar esas indemnizaciones con fondos públicos, la Ley 4120, que regula el marco del servicio de higiene urbana, exige garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla. Quienes analizan el tema sostienen que, en última instancia, el costo podría terminar financiándose con recursos del erario para supuestos “despidos” que, sin cambios en la prestación, seguirían ejerciendo sus funciones en el mismo servicio.
