El Senado ya había expulsado a Alejandro Actis por suplantar la identidad del ex legislador kirchnerista Marcelo Fuentes para pedir favores. Días después, Infobae confirmó un historial aún más extenso: Actis, apodado “El Señor de los Anillos” por sus dedos engalanados, habría traicionado la confianza de una persona con discapacidad para tramitar un préstamo a través de la app del Banco Nación por 3.900.000 pesos. El dinero terminó en una cuenta personal del impostor y, con los intereses, la deuda asciende a aproximadamente cinco millones de pesos; la víctima y la Justicia ya fueron informadas.
La investigación describe también una maniobra de gran ambición y cinismo: Actis habría intentado elevar su status dentro del Congreso al solicitar la categoría A-1 mediante un contacto directo con Emilio Viramonte Olmos, secretario administrativo que estuvo apenas 15 días en ese cargo. En ese intento se presentó como Eduardo “Lule” Menem, supuesto asesor presidencial y cercano a la Casa de Gobierno, para justificar la reclamación de la mencionada categoría.
El desplome de Actis comenzó cuando Fuentes, de Neuquén, se enteró de que alguien se hacía pasar por él para pedir favores. No fue difícil identificar al sospechoso: los beneficios solicitados a diversas autoridades –y a sus respectivos jefes de despacho– siempre pasaban por “el señor de los anillos”, según consta en las comunicaciones que el propio Fuentes elevó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado.
Fuentes denunció ante esa dependencia que varios colegas habían recibido contactos supuestos de su parte a través de impostores: entre los señalados figure Fernando Aldo Salino (San Luis), Jesús Fernando Rejal (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén), Carolina Losada (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Más adelante se sumaron Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y la jefa de despacho de Mariano Recalde (CABA), quienes también advirtieron haber recibido señales de posibles engaños.
La serie de hechos, ya bajo revisión institucional, muestra un patrón de intentos por influir en ambiciones personales mediante suplantaciones y fraudes dentro de ámbitos del Senado, con consecuencias que van desde actos administrativos hasta responsabilidades penales y civiles. La investigación continúa para esclarecer la totalidad de las maniobras y destinatarios de las gestiones fraudulentas.
