La Corte Suprema adoptó una medida cautelar de carácter interino que restaura de modo provisional la Ley de Tierras, la norma que restringe la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión contrasta con la noticia de la semana pasada, cuando el tribunal había ratificado la derogación de esa misma norma. El fallo se aprobó por una mayoría de cuatro votos, con la intervención de dos conjueces, y especifica que la suspensión alcanza los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que un juzgado de primera instancia con sede en Bariloche se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

El documento lleva las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Sirve como respuesta a un planteo presentado la semana pasada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y lof Fvta Anecon, junto con la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda. Ellos buscaban que la Corte aclarara si la sentencia sobre el CECIM se extendía a ellos, dado que también tenían una acción colectiva vinculada a la derogación de la Ley de Tierras que no había recibido resolución.

La mayoría sostuvo que existía una urgencia y una excepcionalidad para intervenir, ya que “los tribunales intervinientes” no habían respondido a las solicitudes planteadas y, por la naturaleza de los derechos invocados —incluido el derecho a una respuesta judicial en tiempo oportuno y la protección del ambiente— era imprescindible dictar una medida de ese tipo. Este giro llega tras una trayectoria en la que la Corte había dejado de lado ese tema, lo que generó cuestionamientos y críticas.

En su voto discordante, Carlos Rosenkrantz planteó que la Corte no tenía competencia para intervenir de modo tan acelerado y cuestionó la existencia de una emergencia que justificara una medida cautelar interina. Manifestó que la mera alusión al medio ambiente no puede servir de excusa para que los jueces adopten medidas cautelares.

Más allá de la discusión institucional, Odarda afirmó a este medio que el fallo representa una victoria para el pueblo que defiende la soberanía, el agua y la tierra. Aunque reconoció que esperaba una resolución sobre el fondo del asunto, valoró la respuesta frente a la cuestión polémica de la Ley de Tierras.

El fallo respondió a un conjunto de querellas encabezadas por Árbol de Pie y las comunidades indígenas, con un vínculo directo al reclamo de soberanía y gestión ambiental. El caso, que está en el tribunal desde agosto de 2024, continúa pendiente de resolución de fondo, pero la Sala decidió avanzar con la medida provisional mientras tanto.