La fiscalía de Cámara, representada por Sandra Verónica Guagnino, emitió un dictamen en el que propone revocar la resolución de la jueza Laura De Marinis, la cual había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil para este caso y había sobreseído a un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con ese criterio, Guagnino refrendó la postura formulada por la fiscalía de primera instancia, que había apelado la decisión de la magistrada y reclamado que el sobreseimiento fuera dejado sin efecto.
La cuestión quedó en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la ciudad, integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza.
El expediente llegó al tribunal de alzada tras la apelación presentada por Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ).
La controversia se desató cuando De Marinis, al frente del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, resolvió declarar inconstitucional, para este caso, la norma que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La jueza dispuso el sobreseimiento del adolescente de 14 años investigado por un hecho ocurrido el 10 de septiembre. Según la reconstrucción, un hombre de 47 años fue seguido por un grupo de adolescentes, quien pidió ayuda a un policía; la intervención policial impidió que se materializara el robo.
La Fiscalía cuestionó la resolución y sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad debe ser una medida excepcional, aplicable únicamente cuando no exista una interpretación de la norma compatible con la Constitución.
En el recurso, Tereszko y Raffa Pirra también argumentaron que la magistrada se atribuyó atribuciones propias del Congreso al no aplicar una ley vigente, y advirtieron que su decisión afectó el principio de división de poderes. También indicaron que la resolución no explicó de qué modo el proceso penal vulneraba los derechos del niño y/o adolescente, y señalaron que la decisión confundió responsabilidad penal, desarrollo del proceso y la proporcionalidad de una eventual respuesta estatal. Los fiscales solicitaron la revocación del fallo y el apartamiento de De Marinis de la causa.
Ahora, Guagnino respaldó la posición de la Fiscalía de Primera Instancia y se pronunció a favor de revertir la resolución, dejando a la Sala III a cargo de definir el rumbo del proceso. De Marinis sostuvo que su decisión se limitaba exclusivamente a las circunstancias del menor involucrado en ese episodio.
