El Gobierno nacional analiza ampliar el alcance de las sanciones contempladas en la Ley 26.659, vigente para defender la soberanía en Malvinas, para cubrir también a la pesca y a otros sectores, no limitándose a las hidrocarburos. El borrador final de la normativa está en plena redacción y el proyecto sería ingresado el próximo lunes ante la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.659 para endurecer las penas y ampliar su radio de aplicación, pasando de un marco orientado únicamente a hidrocarburos a abarcar otras actividades económicas en la zona, entre ellas la pesca. Actualmente, la normativa vigente solo contempla sanciones en el área de hidrocarburos.
La extensión de sanciones a la actividad pesquera también figura entre los temas que el Poder Ejecutivo quiere discutir en el ámbito del bloque oficialista. Cabe recordar que, por otra vía, la Ley Federal de Pesca ya prevé sanciones para la pesca en la zona, pero nunca se aplicaron. En paralelo, la oposición en Diputados presentó un proyecto de ley en la misma línea, al cual el oficialismo aún no mostró predisposición para tratar. Entre los autores figuran los legisladores del PJ Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Kelly Olmos, Emir Félix, Moira Lanesan Sancho y Victoria Tolosa Paz.
“La idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a las empresas y actores que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos y abarcar el resto de los negocios en la zona, entre ellos el pesquero”, explicaron desde la Casa Rosada a LA NACIÓN.
En su mensaje del jueves anterior, el presidente Javier Milei mencionó, sin detalles, que habría un endurecimiento de las sanciones para las empresas de hidrocarburos que operen en la zona. Añadió que, además de enviar el proyecto, se avanzaría hacia la construcción de una Base Militar en Tierra del Fuego.
Los cambios buscan agilizar el proceso y endurecer las penas para que las empresas que participan del proyecto Sean Lion no puedan operar en Argentina, extendiéndose también a sus proveedores.
Desde el anuncio de Milei, ya se llevaron a cabo dos rondas de sanciones: la primera afectó a 45 empresas y, este martes, se agregó un grupo de 15 más.
“La intención es que las sanciones sean más severas y que alcancen al resto de los negocios en la zona, no solo a los hidrocarburos”, indicaron a LA NACIÓN fuentes al tanto de la redacción.
En las últimas horas, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) reclamó que los recursos pesqueros se incorporen a la lista de sectores sancionados, equiparándolos a los hidrocarburos. Fulasp sostuvo que, si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía está en disputa, el mismo principio debería aplicarse a la pesca.
