El martes 15 de septiembre, cuando estaba por cerrarse el plazo para presentar el presupuesto 2027, el Gobierno remitió a la Cámara de Diputados las proyecciones de ingresos, gastos y variables macro para el año próximo. Entre las partidas incluidas en el expediente se destacó una jurisdicción que llama la atención por su magnitud: Obligaciones a cargo del Tesoro, conocida como Jurisdicción 91, gestionada por la Secretaría de Hacienda bajo la conducción de Carlos Guberman. Es un recurso histórico de la planificación presupuestaria que permite disponer de fondos ante necesidades que pueden surgir durante la ejecución.
El tamaño de esa jurisdicción motivó observaciones del economista Nicolás Gadano, jefe de economía de Empiria, quien analizó los números presentados. Según su lectura, los gastos previstos para la Jurisdicción 91 subirían 163% en comparación con la ejecución prevista para 2026, frente a una inflación estimada por el Gobierno de alrededor del 18% para 2027. En ese marco, el monto de 14,8 billones posiciona a Obligaciones a cargo del Tesoro como la tercera mayor partida del presupuesto, si se deja de lado el servicio de la deuda y los servicios sociales, que ocupan la primera y la segunda colocación, respectivamente.
A priori, la denominación podría sugerir una oficina con estructura propia, pero la Jurisdicción 91 no posee sede física, ni plantilla de empleados, ni figura ministerial: la administración de esos fondos recae directamente en la Secretaría de Hacienda, que mantiene el control sobre créditos que financian erogaciones de distintas áreas del Estado. En la práctica, funciona como un centro de canalización dentro del presupuesto, desde el cual se operan transferencias a empresas estatales y se habilitan refuerzos para programas que requieren más recursos durante la ejecución anual.
De los 14,8 billones, aproximadamente la mitad se destinan a cubrir déficits de empresas públicas, entre las que figuran Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. Aunque cada entidad está vinculada a áreas específicas de la administración, Hacienda conserva los recursos dentro de la Jurisdicción 91 para vigilar su asignación y ejecución a lo largo del año.
Una fuente que pidió reserva señaló que esta modalidad no nació con la gestión actual: su origen se remonta a la década de 1990, cuando se creó como una herramienta para que Hacienda mantuviera el control directo sobre determinados gastos del Estado durante la ejecución presupuestaria.
