Ante la presión de sus aliados y frente a una megasesión parlamentaria que amenaza con hacer caer el DNU 70/23, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró gestiones para contener a la oposición. En esa línea, convocó una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya avanzado con media sanción en el Senado, y se prevé incorporar allí un capítulo dedicado a la Ley de Tierras, tal como adelantó LA NACION.
Además, el oficialismo vigila de cerca a la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, si prospera, restablecería límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Según fuentes cercanas, la definición podría verse mañana, cuando el máximo tribunal convocó a un acuerdo para las 9. Un desenlace favorable para el Gobierno, que ganaría tiempo para atender a sus aliados sin asumir un costo político directo de modificar su postura.
En la práctica, los libertarios ya sufrieron una derrota en el Senado, donde debieron eliminar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada los artículos sobre la extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. En ese contexto, el debate quedó atravesado por tensiones de soberanía, especialmente tras la controversia generada por la exhibición de la bandera de Malvinas durante el Mundial.
La intención del Gobierno, en paralelo, era eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, medida que tuvo freno inicial por una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 al cuestionar la legitimación de la entidad para promover acciones colectivas.
La resolución del tribunal complica al Gobierno en un momento en que los aliados pretenden impulsar el desarrollo de un proyecto sobre la Defensa de la Soberanía de Malvinas y, a la vez, esquivar el impacto político de iniciativas sobre discapacidad y morosidad que la oposición incluyó en el temario de la sesión del jueves próximo.
No obstante, la Corte dio señales esta semana que podrían cambiar el tablero. Convocó a dos conjueces sorteados —los magistrados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para analizar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado a la Ley de Tierras. La ONG ambiental sostiene que su amparo no debe correr la misma suerte que otros casos, al invocar una legitimación diferente. Ayer, el tribunal acortó los plazos para pronunciarse sobre la cuestión, lo que añade presión al timing político en torno al tema.
