En la contienda electoral brasileña, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro colocan a los minerales estratégicos en el centro de sus propuestas económicas, aunque estructuran sus instrumentos de forma distinta. Lula, ya en la segunda vuelta, impulsó un marco normativo activo: el 16 de septiembre sancionó la ley 15.506 para instaurar la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, con un consejo dependiente de la Presidencia encargado de su coordinación. La iniciativa apunta a abarcar toda la cadena de valor: desde la exploración y la explotación hasta el procesamiento, la transformación industrial e incluso el reciclado de minerales.
Entre los dispositivos figura el Fondo de Garantía de la Actividad Mineral (FGAM), diseñado para financiar proyectos mineros por hasta 2.000 millones de reales. Además, la ley prioriza que Brasil incorpore etapas de la cadena productiva en el país, fomente el uso de proveedores y mano de obra locales y destine recursos a investigación, desarrollo e innovación.
El programa de Bolsonaro también comparte la idea de ampliar la base de la cadena productiva, con foco en litio, niobio, grafito, níquel, uranio y tierras raras. Sin embargo, difiere en la forma de implementar: propone que el Estado actúe como regulador y coordinador —no como empresario—, promoviendo una mayor participación del sector privado y de capital y tecnología extranjeros, con trámites para obtener derechos mineros más ágiles.
La realidad minera de Brasil se concentra fuertemente en Minas Gerais, donde coexisten la minería tradicional de hierro y grandes compañías como Vale con emprendimientos vinculados a litio, tierras raras y otros minerales estratégicos. También hay una presencia relevante de potasio, mineral clave para fertilizantes y la seguridad alimentaria. Más allá de las grandes corporaciones, existe una red de firmas brasileñas de menor escala, que para analistas argentinos del sector configuran una estructura empresarial relativamente más presidida por empresas medianas y pequeñas que por sindicatos, con una política de protección de la inversión nacional y extranjera.
La nueva ley de Lula admite la convivencia entre capital local y extranjero, aunque contempla mecanismos de revisión ante cambios de control societario o participaciones extranjeras relevantes en las firmas titulares de derechos sobre minerales críticos y estratégicos.
En el plano internacional, Estados Unidos y China buscan garantizar el abastecimiento de minerales para baterías, infraestructuras, vehículos, centros de datos y defensa. Brasil acumula varios de esos recursos y mantiene una relación comercial sólida con China, al tiempo que busca inversiones y acuerdos con otros socios para diversificar sus alianzas.
