Un fallo reciente de la Corte Suprema, que reinstaló un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei y, con ello, eliminó límites a la venta de tierras a extranjeros, encendió la avanzada opositora para rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Si la sesión, prevista para el 15 de octubre, concluye con rechazo, la norma quedaría derogada de manera definitiva, dado que el Senado ya se había expresado en contra en marzo de 2024.

Más allá del tema de tierras, un eventual fallo adverso al DNU podría hacer retroceder gran parte del entramado de modificaciones y derogaciones que contiene el decreto, considerado por sus críticos como la base de la gestión de Milei. Ante ese escenario, las normas anuladas podrían volver a estar vigentes y el marco regulatorio podría volver a acercarse al estado previo a diciembre de 2023.

Existe consenso entre voceros oficiales en que ocho puntos del texto, citados este jueves, estarían disponibles para su restablecimiento, ya que no cuentan con leyes posteriores que les otorguen solidez. Este reingreso de normas licuadas por la derogación del DNU es visto como un retorno a normas que muchos consideran obsoletas.

Algunos dirigentes, como Juan Manuel López de la Coalición Cívica —hoy cercano al oficialismo—, sostienen que, en lugar de revertirlo por DNU, convendría restituir la Ley de Tierras por vías alternativas, con el objetivo de evitar un choque abrupto en un entramado normativo ya consolidado. El tema de tierras, por su peso simbólico y práctico, continúa siendo central en el debate.

El fallo de la Corte Suprema no excluye la posibilidad de reconfigurar las reglas institucionales, pero el camino para ello dependerá de las decisiones en Diputados. En la actualidad, la Cámara discute además un conjunto de proyectos que acompañan al DNU en agenda, como la prórroga de la emergencia en discapacidad y de morosidad y endeudamiento familiar.

La oposición ya anunció la convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70/23, además de otros temas pendientes. Para superar el obstáculo, se requiere alcanzar el quorum de 129 diputados y, a partir de allí, una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) para desactivar el decreto.

Entre los firmantes de la iniciativa para la sesión se destacan Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y otros diputados del peronismo, Provincias Unidas y la izquierda, que se mantienen unidos en busca de frenar el DNU y evitar la desorganización regulatoria que podría seguir si el decreto se mantiene vigente.