La próxima audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo el 5 de octubre de forma virtual. En esa instancia, podrían aflorar diferencias históricas entre el gobierno de Jorge Macri y el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano y su hijo Pablo, vinculadas a las condiciones en las que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038.
El eje de la negociación pasa por las indemnizaciones para el personal del sector. El gobierno porteño aún no ha incluido en el presupuesto para 2027 las partidas necesarias para resarcir económicamente a unos 6 mil trabajadores, en el supuesto de cambios de concesión que podrían ocurrir en el nuevo ciclo licitatorio. En el marco de las proyecciones, se advierte que, de presentarse una nueva licitación, las indemnizaciones correspondientes deberían cubrirse en un horizonte de casi 12 años, entre 2028 y 2038.
Se estima que la cifra involucrada podría acercarse a los 200 millones de dólares para responder a esas indemnizaciones. Este monto está vinculado a una cláusula, presente en el último pliego prorrogado de la recolección porteña y que, cuando termina el contrato, establece que la empresa adjudicataria debe calcular las indemnizaciones y el Gobierno de la Ciudad las abona para que la firma las transfiera a los trabajadores.
El trasfondo de la tensión es la conocida “Ley Moyano”, una norma no escrita que, desde 1998, ha sido utilizada por el sindicato para presionar en cada proceso de concesión: conseguir que, ante un cambio de empresa o de accionistas, se despida al personal, se les pague una indemnización y se les vuelva a incorporar. Aunque no tiene base jurídica formal, muchos actores la interpretan como un poder de facto del gremio.
La historia de esta práctica se remonta a sus inicios en 1998, tras la finalización del contrato con Manliba, y se fortaleció durante la era en la que Mauricio Macri condujo la municipalidad, cuando en 2012 se aprobó un bono por 220 millones de pesos destinado a indemnizar a los recolectores por cada cambio de concesión. A partir de entonces, la llamada Ley Moyano se habría hecho presente también en otras localidades, como Avellaneda y Moreno, ante nuevas concesiones de recolección de basura.
En la actualidad, la discusión sobre el financiamiento de estas indemnizaciones y la orientación de la licitación para 2028-2038 quedarán descartadas o reforzadas en función de lo que determine la audiencia y de las partidas que finalmente cuadren en el presupuesto 2027.
