El Poder Ejecutivo impulsó formalmente en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tras la decisión de Martín Menem de girarlo a las comisiones, la iniciativa quedó en análisis de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El texto, que incluye 133 artículos, propone cambios en normas vinculadas con seguridad y recursos naturales y ya generó cuestionamientos desde sectores de la oposición.
Las comisiones involucradas serán dirigidas por tres presidentes: Carlos Zapata (Defensa Nacional), Laura Rodríguez Machado (Relaciones Exteriores y Culto) y Juliana Santillán (Legislación Penal). Ellos tendrán la responsabilidad de estudiar la propuesta antes de que prospere un dictamen.
Entre los puntos destacados, el proyecto plantea la derogación de la Ley 26.659, que regula las sanciones por exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Además propone modificaciones en el Código Penal, en la Ley de Defensa Nacional, en la Ley de Inteligencia y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
La oposición adelantó que no acompañará la iniciativa sin un debate profundo. El excanciller Jorge Taiana afirmó que, en su lectura, la propuesta podría responder más a un marco de cooperación con Estados Unidos que a la defensa de la soberanía. En esa línea, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo que el proyecto parece orientado a la represión interna y cuestionó la postura del gobierno frente a Malvinas, señalando discrepancias con posiciones del presidente Milei y expresando que la cercanía con Estados Unidos genera desconfianza. Otro sector de la oposición apuntó a un supuesto alineamiento estratégico con Washington, según sus propias lecturas políticas.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman calificó la iniciativa como un intento de reforzar un poder autoritario y de profundizar el realineamiento regional con Estados Unidos, vinculándolo a la influencia de figuras estadounidenses en la política argentina.
El Gobierno defendió la propuesta como un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y como un avance legal sin precedentes para afirmar la soberanía argentina. Según sus fundamentos, la iniciativa busca reconocer formalmente esas tierras y espacios marítimos como parte del territorio nacional y establecer como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía. En ese marco, se subrayó que la propuesta incluye medidas para sancionar a quienes explotan recursos naturales en las zonas mencionadas.
