El proyecto de Ley de Defensa Nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei no se limita a fijar una postura más combativa frente al Reino Unido por la cuestión Malvinas. Con 133 artículos, el texto plantea un alcance mucho más amplio al modificar el marco de seguridad nacional y al introducir nuevas facultades para el control y resguardo de los espacios marítimos, preocupación que expresan especialistas, sectores de la industria pesquera y funcionarios de seguridad y defensa.
Según las evaluaciones que circulan entre los diputados que estudian la iniciativa, entre un 30% y un 40% del contenido está vinculado de manera directa a soberanía y Malvinas, mientras que el resto propone cambios de mayor alcance en el sistema de seguridad y defensa. En el sector público y académico ya se habían señalado críticas previas: el proyecto contiene normas que ya existen en otros cuerpos legales y utiliza conceptos que fueron cuestionados por organismos de prensa por posibles impactos sobre libertades y sobre marcos antiterroristas preexistentes.
Uno de los pasajes más sensibles es el relativo a la gestión de mar. Diversos informes advierten sobre una posible superposición de competencias entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, comandado por la Armada, lo que reabriría un antiguo debate entre ambas fuerzas. La cuestión central es quién decide si un episodio en el mar debe tratarse como un asunto policial, una infracción administrativa, un delito o una eventual amenaza a la seguridad nacional que amerite intervención militar.
En la actualidad, la Prefectura tiene responsabilidades específicas de policía de la navegación y de control de los espacios marítimos. El proyecto introduce nuevas categorías en clave de seguridad nacional, que, según críticos, ampliarían el marco de intervención de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo illustrate la problemática: un pesquero que opera fuera de la ley, no informa su posición o desobedece órdenes podría encajar en una infracción pesquera o un delito aduanero; sin embargo, si se interpreta además como una amenaza o desafío externo a la seguridad, podría abrirse la puerta a la intervención de la Armada. El punto crítico, señalan los análisis consultados por Clarín, es la falta de delimitación precisa sobre quién realiza esa primera calificación y qué autoridad asume el mando en cada escenario.
El debate se extiende también a cómo se definen los espacios marítimos sobre los que se pretende ejercer las nuevas facultades. Expertos piden distinguir con claridad entre el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva (ZEE), los ríos y los lagos, para evitar vacíos o solapamientos en la potencia de actuación de las fuerzas. En síntesis, la iniciativa, además de su eje sobre Malvinas, propone un cambio sustantivo en la gestión de seguridad y defensa marina que podría redefinir roles entre la Policía de seguridad de navegación y las fuerzas armadas, siempre que no se delimiten con precisión las competencias y los ámbitos de aplicación.
