El Gobierno introdujo en el proyecto de Presupuesto la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares, lo que implica que la AUH y el conjunto de prestaciones relacionadas dejarían de actualizarse automáticamente por inflación, sin que se proponga un reemplazo claro.

La medida apunta a derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, vigente desde 2015. El artículo central, el 1°, define que las asignaciones son móviles y que su ajuste está atado a la movilidad previsional, aplicándose tanto a los montos como a los límites y rangos de ingresos para determinar quién recibe el beneficio en el caso de trabajadores con relación de dependencia. Los artículos 3° y 4° establecen que la responsabilidad de calcular el ajuste recae en ANSES y señalan cuándo comienza ese mecanismo.

Hoy, la movilidad previsional se aplica mensualmente en función de la inflación. Como referencia, en septiembre de 2026 el incremento fue de 2,11% tanto para las asignaciones como para los topes de ingresos.

La Ley 27.160 establece que las asignaciones móviles son la mayoría de las prestaciones, con excepción de la asignación por maternidad. Entre los beneficiarios alcanzados por la movilidad figuran la AUH (incluida la destinada a hijos con discapacidad) y la asignación por embarazo. También están contempladas las asignaciones familiares por hijo y por hijo con discapacidad, así como las prestaciones prenatales, por nacimiento, adopción y matrimonio.

Con la derogación, la AUH y la asignación por embarazo perderían la garantía legal de actualización automática que hoy les otorga la ley. El cambio también impacta al sistema SUAF, que cubre a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, jubilados y otros grupos. Por ejemplo, en septiembre ANSES fijó un umbral de ingresos individuales de 3.157.449 pesos por encima del cual el grupo familiar queda fuera del cobro de estas prestaciones, un tope que actualmente se mueve con la update.

En síntesis, si desaparece la movilidad y no se establece un mecanismo sustituto, el Gobierno podría seguir elevando las prestaciones y los límites por decisiones futuras, pero ya no quedaría obligado por la Ley 27.160 a ajustarlos automáticamente conforme a la inflación.