La iniciativa fue presentada por Romina Barreiro, diputada de Fuerza Patria, en la Legislatura de la provincia. Con el proyecto, la legisladora propone otorgar una pensión mensual y vitalicia a personas travestis y trans que hayan sufrido violencia institucional, como forma de saldar una “deuda histórica y moral” con ese segmento de la población. Barreiro sostuvo que se merece reconocimiento institucional y social, y que se haga justicia.

La propuesta, que ya cuenta con el respaldo de distintos sectores, también fue respaldada en las últimas horas por La Cámpora Diversia a través de sus redes, a pesar de que Barreiro integra un armado político vinculado a Axel Kicillof. De aprobarse, la pensión equivaldría a cinco sueldos básicos y medio de un empleado estatal provincial que recién ingresa a la administración pública, además de incluir la cobertura médica de IOMA.

Podrán acceder al beneficio las personas mayores de 40 años que hayan sufrido violencia institucional, incluyendo detenciones, sanciones o multas relacionadas con su identidad de género o privación de libertad. En su argumentación, Barreiro recordó que las víctimas vivieron episodios de humillación y abuso en dependencias estatales, y enfatizó que muchas fueron sometidas a condiciones degradantes y violentas perpetradas por agentes del Estado.

La diputada, que integra la agrupación La Eva Perón y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro, señaló que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia sería el órgano encargado de aplicar y supervisar el beneficio. El texto contempla compatibilidad de la pensión con otras actividades remuneradas o reparaciones, pero establece la exclusión de recibir el beneficio junto con otras asignaciones por el mismo motivo otorgadas por Nación, la Ciudad o alguna otra provincia.

Barreiro subrayó que “la vida y la existencia de estas personas se vieron alteradas de forma sostenida” y que la violencia institucional dejó una huella profunda en su cotidianeidad, muchas veces en un marco de hostigamiento y de ausencia de derechos básicos. El proyecto busca, en ese marco, reconocer a las víctimas y brindarles una seguridad económica y sanitaria ante las consecuencias de esas experiencias.

Nota: La iniciativa deberá atravesar las comisiones y, si corresponde, avanzar al debate en el recinto para su tratamiento.