En 2012, el Reino Unido amplió el embargo y restricciones a la exportación de armamentos y bienes de uso militar y civil hacia Argentina, una medida que ya regía desde el cierre de la guerra de las Malvinas en 1982. En aquel entonces, gobernaba el primer ministro conservador David Cameron, y la medida respondió a la tensión bilateral por la soberanía de las islas.
Catorce años después, el escenario vuelve a tensarse por el mismo conflicto. En esta oportunidad, el primer ministro laborista Andy Burnham —que asumió en julio tras Keir Starmer— enfrenta una avalancha de pedidos para que implemente sanciones contra Argentina, en respuesta a los anuncios realizados por el presidente argentino Javier Milei en su cadena de televisión del jueves anterior.
El conflicto se ve adelantado por las señales de Donald Trump, quien habría insinuado que Estados Unidos podría abandonar su posición de neutralidad diplomática respecto de las Malvinas, lo que, según algunos sectores en Londres, podría favorecer a Argentina. Milei anunció sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en aguas cercanas a las islas y decidió ampliar el presupuesto de Defensa para reforzar la presencia militar en el Atlántico Sur. Entre las medidas proyectadas figura la construcción de una nueva base naval a pocos cientos de kilómetros de las Malvinas.
Para algunos analistas, se trata de un giro de 180 grados en la política argentina hacia Gran Bretaña, que históricamente había sido considerada como aliada por parte de Milei, en contraposición a las posiciones de los gobiernos kirchneristas. En este contexto, voces políticas británicas expresaron este fin de semana su rechazo a la postura argentina.
El grupo conservador Tory instó al primer ministro a veto la entrada de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) mientras “intenta intimidar” a Gran Bretaña. En junio, el canciller argentino Pablo Quirno compartió en redes una foto mostrando la firma de la solicitud de adhesión ante Nueva Zelanda, país depositario del tratado.
Los británicos también se concentran en la escena multilateral. El debate sobre la postulación de Rafael Grossi, actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica y respaldado por Milei, para la Secretaría General de la ONU, podría verse afectado por un veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. The Times señala que, de prosperar la candidatura, Grossi pasaría a ocupar una posición desde la cual podría influir en temas internacionales vinculados con el conflicto. Por ahora, Grossi había dicho que actuaría como un “imparcial absoluto”, y sus declaraciones sorprendieron a muchos argentinos.
Un veto de un miembro permanente en el Consejo de Seguridad sería un escollo serio para Grossi, tal como ocurrió en otro momento con Susana Malcorra. En este marco, Rusia ha expresado críticas directas al candidato argentino, mientras que otras potencias —según la lectura de la nota— han dejado entrever señales de presión adicionales.
