El Gobierno británico comunicó este jueves que, a partir de ahora, cualquier licencia nueva para explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas debe contar con la aprobación del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Con ello, Londres coloca al Ejecutivo central como la autoridad definitiva para otorgar permisos petroleros, en un momento de tensiones renovadas con Argentina por recursos en el Atlántico Sur.
La definición fue adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores el 1 de octubre. Aunque las islas mantienen la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ya no se puede emitir ninguna licencia nueva sin la aprobación final del secretario de Estado, un requisito que el Gobierno británico había mencionado previamente.
La aclaración respondió a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo HL3722. Moynihan preguntó por evaluaciones de impacto ambiental y por el respaldo del Gobierno al desarrollo de estos proyectos; la cuestión originalmente se dirigió al Ministerio para la Seguridad Energética y terminó derivada al Foreign Office.
La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. En su intervención, el funcionario sostuvo que el Gobierno mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales, considerado fundamental para su autodeterminación. Añadió, además, que cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa conforme a la legislación aplicable de las Malvinas; no se emiten comentarios sobre licencias individuales.
Al subir la decisión al nivel del secretario de Asuntos Exteriores, cargo ocupado por Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su papel de autoridad final y envía una señal política a Buenos Aires: los cuestionamientos legales o económicos a los permisos no recaen ya en las autoridades isleñas, sino en el Ejecutivo central británico. La maniobra se da en un marco de tensión y de la dinámica diplomática y judicial que Argentina viene impulsando respecto de recursos en la región.
