La Justicia federal avanzó contra Ingrid Jetter, quien se desempeñaba como subsecretaria de Seguridad de la provincia de Corrientes, imputándola por descuentos compulsivos sobre los salarios de empleados del ámbito legislativo durante su paso como diputada nacional por el bloque PRO-Juntos por el Cambio entre 2019 y 2023. El procesamiento, que no implica prisión preventiva, se dio a conocer en las últimas semanas y generó tensión en el gobierno provincial, liderado por el radical Juan Pablo Valdés, aliado de La Libertad Avanza.
Jetter negó haber pedido licencia, versión que fue corroborada por fuentes de la casa de gobierno. Aún así, la funcionaria mantiene un perfil activo limitado en redes sociales desde el 1º de octubre, y su superior inmediato, Adán Gaya, ministro de Seguridad, no expresó un respaldo contundente, señalando que la continuidad o el alejamiento de la funcionaria deberá acordarse “si corresponde” en función de la magnitud del trámite judicial.
La investigación no es nueva y remonta a mayo de 2021, cuando Andrea Cappa Piazza, asesora de Jetter en la Cámara Baja, denunció que la diputada le exigía entregar hasta el 75% de su salario mediante transferencias a personas designadas por ella. En ese año, el fiscal federal Ramiro González impulsó la indagación también contra Alberto Asseff y Estela Regidor, ambas correntinas, imputándoles los cargos de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.
En aquel momento la causa no avanzó. En diciembre de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la titularidad de María Romilda Servini, dictó la falta de mérito respecto de Jetter y Regidor. La diputada utiliza esa resolución para sostener su inocencia; sin embargo, la decisión derivó las actuaciones de nuevo a la Fiscalía Federal Nº7 y luego al tribunal de Corrientes, donde ahora se propulsó el procesamiento.
El tramo del caso hacia el fuero federal de Corrientes se justifica en que varias acciones vinculadas a su hermano, Martín Jetter, ocurrieron en la localidad de Riachuelo, a 17 kilómetros de la capital provincial, lugar que las autoridades de los Jetter dirigieron durante más de dos décadas.
A fines de septiembre, el juez federal Gustavo Fresneda —conocido por su cercanía al exgobernador Ricardo Colombi— consideró que Ingrid Jetter sería autora penal por presuntos descuentos indebidos en salarios de empleados legislativos. Su hermano Martín también fue procesado sin prisión preventiva, como presunto partícipe necesario, y se ordenó el embargo de bienes de ambos por 500.000 pesos, monto no actualizado, correspondiente a los descuentos de 2021.
La resolución puede recurrirse ante la Cámara Federal, y Jetter afirmó que presentará la apelación.
