Las organizaciones vinculadas al sector de la discapacidad en la provincia calificaron como una victoria política la media sanción obtenida por la iniciativa oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, destinada a reemplazar la vigencia de la emergencia y a introducir modificaciones que, a su juicio, fortalecen derechos y prestación. Tras un debate en el que se incorporaron cambios solicitados por la oposición y por las propias entidades, la propuesta avanzó y deberá continuar su tratamiento en el Senado.
Entre los elementos que se mantienen figuran la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización conforme a la inflación, el nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado para los servicios, aspectos que las organizaciones señalan como salvaguardas para el sector prestacional.
Mariel Chapero, en representación de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), subrayó que la iniciativa original del gobierno era regresiva para los derechos de este colectivo, y que la persistente militancia del sector logró introducir ajustes que protegen tanto a las personas con discapacidad como al conjunto del sistema prestacional. “Hoy es un día para celebrar la lucha y reconocer que todo el trabajo que hemos realizado dio frutos”, señaló, al tiempo que advirtió que aún queda un camino largo hasta su aprobación final y su implementación.
La dirigente agregó que, si bien las reformas alcanzadas mejoran la propuesta, persiste la expectativa sobre el presupuesto del año próximo, que se proyecta con un marco de recortes significativos y de cumplimiento desigual de leyes vigentes. En ese marco, destacó la importancia de sostener la presión para evitar retrocesos en derechos humanos y asegurar que las políticas públicas lleguen a quienes las necesitan.
Desde la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), también expresaron satisfacción con los cambios introducidos, pese a señalar que la situación del sector sigue generando focos de tensión. Pablo Bolego, referente de la entidad, evaluó que el balance es positivo en líneas generales, aunque reiteró que la emergencia provocada por las autoridades de distinto nivel dejó al sector en una posición frágil durante años, y que aún falta avanzar en la concreción de las normativas y su financiamiento. También pidió a las autoridades locales que gestionen ante la Nación los recursos destinados a discapacidad para acelerar el cumplimiento de lo comprometido.
