La Sociedad Rural Argentina se sumó a las voces que expresaron preocupación tras la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista Maximiliano Cabaleyro, dirigente camionero ligado al gremio que encabezan Hugo y Pablo Moyano. Cabaleyro era señalado por haber bloqueado las instalaciones de Rey Distribución SRL, empresa de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, y por exigir dinero a sus propietarios. En el fallo, el juez Alejandro López consideró que las acciones estuvieron amparadas por el ejercicio del derecho de huelga, pese a que la fiscalía había pedido una condena de diez años de prisión por varios delitos, entre ellos turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
En una declaración difundida por la entidad del campo, se sostuvo que decisiones judiciales recientes pueden erosionar el respeto por la ley y por los derechos fundamentales. Se afirmó que la libre circulación, la libertad de trabajar y el desarrollo de cualquier actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía orientada al crecimiento. La organización añadió que ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que afecten el normal funcionamiento de una actividad productiva.
Además, la SRA subrayó que la defensa de la propiedad privada —garantizada por la Constitución— es indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. Aunque el derecho a la huelga y la libertad sindical deben ser respetados, no pueden emplearse para avasallar derechos de terceros ni para legitimar acciones contrarias a la ley. El ejercicio de las libertades debe hacerse dentro de un marco de respeto por las libertades individuales y por el trabajo y la propiedad de otros.
La entidad enfatizó que el fortalecimiento de la convivencia y de la seguridad jurídica es clave para fortalecer instituciones y promover el crecimiento económico. En ese marco, afirmó que la Argentina necesita reglas claras, una Justicia que garantice derechos para todos y la negativa a cualquier forma de violencia o coacción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es, en su visión, defender la producción, el empleo y el futuro de los argentinos.
Otras organizaciones también expresaron inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del tribunal san-nicolaseño. Entre ellas, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otros actores del sector productivo, que advierten sobre el impacto en la seguridad jurídica y la clima de inversión.
