El armado político de Fuerza Buenos Aires acelera gestiones en la Legislatura de la Ciudad para presentar y evaluar un conjunto de proyectos orientados a enfrentar las agendas del PRO y de La Libertad Avanza. El eje de las propuestas reúne dos temas centrales: aliviar la carga de deudas en hogares porteños y avanzar en la urbanización de villas y barrios populares. El peronismo apunta a sumar apoyo entre la clase media y los sectores vulnerables, considerados actores clave para el tramo electoral que se avecina.
La baja en la capacidad de pago de las familias de la Ciudad ha tenido un primer episodio con la aprobación, a mediados de junio, del Programa de Desendeudamiento Familiar en el edificio de Perú 160. Esa iniciativa, impulsada por el legislador Leandro Santoro, permite refinanciar moras en tarjetas y préstamos con bancos a tasas fijas y con plazos de hasta 24 meses, con el objetivo de aliviar el bolsillo de los porteños.
Un informe conjunto de la Universidad Austral y EcoGo entregó luces sobre la situación crediticia en la ciudad: en agosto la tasa de morosidad alcanzó el 12,5%. De ese total, el 8,7% corresponde a deudas con entidades bancarias y el 29,3% a saldos en billeteras virtuales. La mora promedio se ubica en 4.160.753 pesos, y el 68% de los deudores reconoce haber contraído deudas para comprar alimentos, medicamentos o pagar servicios básicos.
Frente a ese cuadro, la bancada que lidera Claudia Neira avanza con una batería de iniciativas que buscan atajar la problemática desde distintas aristas: medidas de alivio directo a hogares endeudados, reformas regulatorias y herramientas para reducir la presión de acreedores ante dificultades de pago.
Además, el conflicto se enmarca en prácticas de cobranza extrajudicial que generan tensiones entre deudores y empresas cobradoras. Se señalan presiones fuera de horarios, llamadas a horas intempestivas y contactos no autorizados, que impactan la salud mental de las personas y se produscan ante la ley vigente, cuyo marco regulatorio se considera insuficiente para contener abusos.
En este contexto, Santoro presentó un proyecto para modificar la Ley 6171 de Regulación de la Cobranza Extrajudicial. El objetivo es ampliar la regulación para incluir a las dependencias de cobranza operadas por entidades financieras y comerciales con personal propio, y establecer reglas más claras respecto al uso de sistemas algorítmicos e inteligencia artificial en los procesos de cobro. La iniciativa busca dotar a la normativa de mayores salvaguardas y cobertura para evitar abusos, a la vez que regula de forma más estricta las prácticas de cobro fuera de los cauces judiciales.
