El decreto 1202/2026, publicado en el Boletín Oficial, se apoya en un marco legal de larga data para declarar secreto todo lo relacionado con las compras de material y las gestiones vinculadas a las Fuerzas Armadas. La medida se sustenta en la Ley 24.948, que regula la política y la responsabilidad de las FFAA para definir los requerimientos que optimicen sus capacidades operativas. En la norma, el Ejecutivo habilita que el material adquirido, o que vaya a adquirirse, sea conocido únicamente por personas autorizadas, advirtiendo que su divulgación podría afectar la seguridad nacional y los medios de defensa.
La cartera de Defensa continúa bajo la conducción de Carlos Presti. El decreto autoriza, además, que el propio ministro implemente las medidas necesarias para que los organismos contratantes avancen con sus trámites sin rendiciones de cuentas, dejando fuera de la vista pública los detalles de las adquisiciones. En la norma no se mencionan ni se especifican los equipos, materiales, proveedores, países de origen ni montos presupuestarios: todo permanece bajo llave.
La decisión recupera un antecedente histórico. Los decretos de 1963, dictados durante la presidencia de facto de José María Guido, ya habían establecido la confidencialidad de las “adquisiciones, fabricaciones, construcciones y lo relativo a sus negociaciones y trámites” castrenses. En aquel marco, ese mismo instrumento se utilizó en al menos dos oportunidades durante la gestión de Javier Milei, primero en abril de 2024 mediante la norma 307/2024 para ampliar el Sistema de Defensa Nacional ante presuntas amenazas en el espacio aéreo, y luego en septiembre de 2024 con el 807/2024 para abocar al secreto la contratación y construcción de obras de infraestructura y la importación de material vinculado al sistema de armas.
En su tiempo, esa ampliación fue interpretada por analistas como un paso para darle cobertura legal a acuerdos entre Argentina y Estados Unidos, orientados a bases militares y ejercicios conjuntos. Hoy, en un contexto de tensiones con Gran Bretaña y con la discusión maliciosa impulsada por la coalición La Libertad Avanza en torno a Malvinas, el Ejecutivo opta por mantener bajo confidencialidad los detalles de cualquier futura adquisición de equipamiento, sus cantidades, proveedores y orígenes, con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional.
En síntesis, el decreto 1202/2026 sella una continuidad de la política de secreto militar para las compras de las FFAA, evitando la divulgación de información sensible y trasladando al ámbito reservado la rendición de cuentas sobre estos procesos.
