Buenos Aires, 16 de octubre. Un bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezado por el ex canciller Santiago Cafiero, presentó un proyecto de resolución para convocar al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, y que explique los alcances de la nueva ruta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, así como si podría servir para respaldar proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en zonas en disputa por soberanía.
La iniciativa busca que el embajador comparezca ante la comisión para exponer la posición oficial de Chile respecto a la apertura de la ruta Punta Arenas–Malvinas y su compatibilidad con los compromisos asumidos por Chile sobre la Cuestión Malvinas, además de precisar la participación o autorización de autoridades chilenas en la operación.
Según información periodística, la empresa chilena Easter Island Naviera tiene previsto iniciar en noviembre una conexión marítima regular con el buque Danstar, destinada al abastecimiento comercial de las islas.
Los diputados firmantes señalan que la iniciativa genera interrogantes sobre sus alcances políticos, económicos y diplomáticos, en particular en relación con la posición histórica argentina respecto de la Cuestión Malvinas. Subrayan la necesidad de analizar la apertura de esa ruta a la luz de las posiciones diplomáticas expresadas históricamente por Chile en MERCOSUR y en declaraciones bilaterales que reiteran respaldos a los derechos soberanos argentinos.
Reafirman que la República Argentina debe procurar que sus compromisos diplomáticos en respaldo de su soberanía se reflejen en acciones concretas de los Estados de la región, con pleno respeto del derecho internacional y de los regímenes de navegación aplicables. En ese marco, destacan la necesidad de esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas y la posible prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas a actividades desarrolladas bajo autorizaciones británicas en territorios y espacios marítimos en disputa.
También señalan que corresponde determinar si existen circunstancias que justifiquen analizar la aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias, que impone prohibiciones y sanciones por hidrocarburos no autorizados en la plataforma continental argentina.
La situación plantea interrogantes sobre sus implicancias para la posición argentina en la Cuestión Malvinas, especialmente en relación con el marco regional y bilateral.
