A casi medio siglo de los hechos, llegó el debut de lo que se espera como el primer gran juicio oral en la región por crímenes de la dictadura. El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dio inicio al proceso contra 20 exintegrantes, pertenecientes al Ejército y a las policías Federal y provincial, imputados por violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del aparato represivo que operó en Río Cuarto y las zonas del sur de la provincia entre 1975 y 1978. Se investigan secuestros, torturas, asesinatos y delitos sexuales cometidos contra unas 70 personas, entre ellas estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El caso se distingue por centrarse en la estructura del aparato represivo regional, con especial énfasis en la actuación de dependencias de la Policía Federal y de la Policía de Córdoba. Estos cuerpos serán juzgados por primera vez en relación con estos hechos. La acusación apunta a demostrar cómo funcionó la coordinación entre las distintas fuerzas, los servicios de inteligencia y las autoridades militares responsables del control territorial de la región.

El debate estará a cargo de la jueza Carolina Prado, presidenta del TOF, acompañada por las juezas María Noel Costa y Julián Falcucci. La investigación principal —cuyo requerimiento de elevación a juicio fue presentado en junio de 2025 por los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo— comprende 63 hechos que afectaron a 70 víctimas. Más del 90 por ciento de los delitos ocurrieron en Río Cuarto, aunque se sumaron causas para ser tratadas en el mismo proceso.

Los 20 acusados llegan al debate en buena parte en condiciones: eran 24 originales, pero cuatro murieron o quedaron apartados por motivos de salud. Deberán responder por su autoría o participación en secuestros, torturas, homicidios y abusos sexuales. Los hechos se remontan a un periodo que comienza incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y se extienden hasta finales de 1978.

En la primera audiencia, la secretaria del Tribunal leyó los requerimientos de elevación a juicio. Todos los acusados estuvieron presentes, algunos de modo presencial y otros por teleconferencia; uno, Juan Eduardo Molina, se descompensó durante la jornada y fue trasladado a un sanatorio. Ninguno aportó información relevante sobre los hechos y varios negaron las acusaciones.

Un eje central será la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros de detención y tortura en Río Cuarto. La acusación subraya una particularidad del dispositivo regional: dependencias estatales que operaban formalmente como instituciones legales fueron utilizadas para contener y someter a las personas durante ese periodo. El juicio promete esclarecer la red de responsabilidades y la dinámica de la represión en el sur cordobés.