En una jornada de movimientos diplomáticos, el Gobierno argentino confirmó que su posición respecto al Comité Especial de Descolonización (C24) de la ONU está siendo analizada, tras la señal de Estados Unidos sobre la posible disolución del foro. El tema llega en un contexto en el que Buenos Aires mantiene abierto su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas frente al Reino Unido.
Por la mañana, en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados, no se logró un acuerdo sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que era objeto de debate paralelo a las gestiones internacionales.
Más tarde, Adrián Ravier, vocero de la Presidencia, afirmó que la Cancillería está evaluando los próximos pasos para la postura argentina en la ONU y no descartó que el proyecto que busca sancionar a empresas que operen ilegalmente en el archipiélago pueda sufrir modificaciones. En la conferencia de prensa de la Casa Rosada, explicó que la decisión final no corresponde al Presidente y que será el canciller Pablo Quirno quien, junto a su equipo, defina la posición.
La declaración subraya una eventual brecha en la relación entre el presidente Milei y su homólogo estadounidense, que hasta ahora habían mostrado coincidencias en temas clave de política exterior, como el apoyo a Israel y las críticas a ciertas instituciones internacionales, además de enfoques sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La propuesta de Estados Unidos afecta directamente a uno de los foros donde Argentina presenta anualmente ante el Reino Unido su reclamación de soberanía sobre las Malvinas. El C24, creado en 1961, aborda la descolonización de territorios no autónomos y tiene entre sus pendientes la situación de las Islas, vinculada a uno de los 17 casos de territorios no autónomos.
En los últimos años, distintos cancilleres argentinos participaron de las sesiones para sostener la postura ante Londres: Diana Mondino, Gerardo Werthein y, actualmente, Pablo Quirno, quienes cuestionaron la ocupación británica y demandaron retomar negociaciones bilaterales.
La tensión se intensificó cuando Washington planteó terminar con el mandato del organismo durante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Aunque la disolución requeriría una decisión de la Asamblea General, la Casa Blanca no posee veto en ese órgano.
En la rueda de prensa, también se abordó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada al Congreso, cuyo texto, según el Gobierno, apunta a endurecer herramientas para defender la soberanía; el tratamiento en el parlamento está en curso.
