El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) adelantó una jugada decisiva en la etapa previa al eventual juicio: ordenó a los peritos que, en un plazo máximo de 24 horas, informen sobre el estado de la pericia contable relacionada con la inmobiliaria Los Sauces SA. Paralelamente, la corte dejó vigente para esta semana el plazo para que las partes presenten sus listas de testigos, con la finalidad de fijar la fecha de inicio del juicio por lavado de dinero, en el que, por primera vez, Máximo Kirchner irá a un banquillo de los acusados.

Después de una absolución controvertida que fue anulada por la Corte Suprema a fines de 2024, se espera que las audiencias comiencen sin demoras. Hace dos semanas, el TOF 5 —integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti— celebró una audiencia preliminar en la que se delineó la estructura del debate: tres jornadas de audiencia semanales, de forma estrictamente presencial, con la posibilidad de utilizar fines de semana y la feria judicial de verano si fuera necesario, de modo que el juicio podría iniciar antes de cerrar el año.

El retraso para poner en marcha el proceso se debió, en buena medida, a la culminación de una pericia contable sobre Los Sauces SA, prueba solicitada por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El expediente se centra en las firmas Hotesur (hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por la presunta Lavado de dinero por un monto estimado en 120 millones de pesos durante el periodo 2008‑2015. La Fiscalía sostiene que la maniobra se habría materializado mediante la simulación de contratos de alquiler en los sectores hotelero e inmobiliario.

Ambas empresas nunca tuvieron sedes comerciales. En los casos de Hotesur y Los Sauces, aparece como nexo común Lázaro Báez, ya que habría participado como inquilino de la inmobiliaria y como administrador de los hoteles, lo cual ha llevado a vincular al contratista con la finalidad de retornar a los ex funcionarios parte de los fondos obtenidos a partir de sobreprecios en obras públicas, en el marco de la causa Vialidad, donde la ex vicepresidenta y el empresario del Grupo Austral fueron condenados.

Además del lavado, se atribuye a los hechos una segunda tipificación: dádivas, debido a la relación entre una funcionaria y un contratista del Estado, con más de veinte operaciones comerciales registradas en el periodo investigado.

Se solicitaron dos pericias contables. La primera ya fue entregada y sostenía que Hotesur funcionaba como vehículo para recibir fondos de Báez, quien operaba la firma hotelera a través de Valle Mitre SRL, empresa que, a su vez, era la fuente de esa financiación. Con estas condiciones, el desenlace del proceso podría definir una nueva etapa en el marco judicial de la región.