El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, busca revertir la extensión automática del esquema de subsidios al gas para las Zonas Frías, vigente desde 2021 en la gestión de Alberto Fernández. La medida apunta a limitar la cobertura y dejar fuera de la región a provincias donde el beneficio quedaba asegurado de forma automática.
En el recinto, el oficialismo y parte de sus aliados quedó dividido: varios senadores del peronismo, junto con integrantes de la bancada radical y de Moveré Santa Cruz, se retiraron al empezar el tratamiento. A pesar de esa salida, la ley obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra.
La diputada Gabriela Valenzuela, representante de Corrientes por la UCR, subrayó que Argentina es un país amplio y diverso y que la reforma corrige un beneficio ligado a la geografía que no siempre corresponde a las necesidades de cada hogar.
El objetivo del proyecto es dejar sin efecto la extensión automática y limitar el subsidio a las regiones de clima extremo, citando zonas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En la práctica, perderían el beneficio usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Como respuesta, el Gobierno adelantó que trabajará para establecer un régimen de Zonas Calidas en el Norte, una figura equivalente que signifique subsidios a las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.
Pese a las promesas oficiales, la UCR ya presentó iniciativas afines: Guillermo Agüero, diputado por Chaco, propone una tarifa diferencial que subsidie hasta el 50% de las facturas de luz para compensar el alto consumo y la falta de acceso masivo a redes de gas en el norte. En el Senado, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, también prepara una norma similar y la podría activar si no se materializa la compensación prometida desde el Ejecutivo.
El bonaerense Maximiliano Abad afirmó que defiende la estabilidad fiscal, pero advirtió que la modificación resulta arbitraria e injusta para la provincia de Buenos Aires, donde 1,3 millones de hogares en 94 municipios—alrededor de 5 millones de personas—podrían quedar desprotegidos de un día para el otro.
El debate se dio en un marco de tensiones dentro del oficialismo, con una fractura visible entre aliados y parte de la oposición. Con la aprobación, la norma pasa a convertirse en ley y abre una nueva etapa de ajustes en los subsidios energéticos a nivel nacional.
