El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implica un menor ingreso para el Estado, es decir, un gasto tributario. En el caso de los 23 proyectos que ya recibieron la aprobación oficial, la firma EcoGo ubica ese costo en USD 8.493 millones, lo que representa el 25% de la inversión computable de esas iniciativas y refleja el valor de los beneficios fiscales concedidos a los inversores bajo el régimen.

Ese cálculo se obtiene a partir de una estimación realizada por EcoGo, que destaca que el RIGI se convirtió en una de las apuestas centrales del gobierno para atraer inversiones de gran escala. A 1° de octubre, son 23 los proyectos aprobados y publicados, con inversiones anunciadas por USD 39.429 millones y un capital computable de USD 33.837 millones.

Si se suman también los proyectos aprobados que aún no fueron publicados en el Boletín Oficial, los que están en evaluación y otros anunciados oficialmente, el universo de inversión llega a USD 209.247 millones, aunque parte de esa información aún no permite una estimación fiscal confiable.

El objetivo del análisis es cuantificar, con cifras, la dimensión de los beneficios que recibe el sector privado y la contracara para las cuentas públicas. Para ello, EcoGo reconstruyó los flujos de los 23 proyectos aprobados empleando la inversión computable, la capacidad física declarada, precios normalizados, márgenes sectoriales y cronogramas de puesta en marcha. Cada proyecto se valuó bajo dos escenarios —régimen general y RIGI— con una tasa de descuento de 9,82%.

Los resultados muestran que el incentivo mejora la rentabilidad de las inversiones. En particular, los beneficios fiscales del RIGI elevan la tasa interna de retorno promedio de 10,6% a 13,4%.

Además, el costo fiscal tiende a incrementar a medida que los proyectos entran en operación y alcanza un máximo anual cercano a USD 1.600 millones en 2035, lo que equivale aproximadamente a 0,25% del PIB.

Sin embargo, gastar menos en impuestos no equivale automáticamente al costo neto para las arcas públicas. La clave está en cuánto de la inversión realmente no se habría realizado sin el RIGI.

Si un proyecto se materializa exclusivamente gracias al régimen, el Estado renuncia a tributos frente al escenario sin el RIGI, pero también obtiene recaudación que no habría existido si la inversión no se hubiera llevado a cabo.

Con los supuestos de EcoGo, los 23 proyectos aprobados generarían USD 17.499 millones de recaudación a valor presente, frente a USD 8.493 millones de impuestos resignados.

De ese modo, el informe señala un breakeven fiscal en una adicionalidad de 32,7%. En otras palabras, si alrededor de un tercio de la inversión no se hubiera materializado sin el RIGI, la recaudación de esa inversión adicional podría compensar los impuestos que dejaron de ingresar por el régimen.