El coronel mayor retirado Ariel Guzmán presentó su renuncia al frente de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de una profunda crisis que incluye una deuda con prestadores que supera los 200.000 millones de pesos y disputas sobre la continuidad de los servicios.
La salida se dio tras una reunión que Guzmán mantuvo con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Por lo visto, existían diferencias respecto al ritmo de avance de la liquidación del IOSFA y a la planificación de la transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La transición entre ambas estructuras se mantiene de manera transitoria. En febrero, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, el Gobierno creó la OSFA como un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Defensa y dispuso la disolución y liquidación del IOSFA. La OSFA quedó encargada de brindar cobertura médico-asistencial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a sus beneficiarios.
Mientras la OSFA avanza con su implementación y recibe los aportes correspondientes, el IOSFA continúa atravesando el proceso de liquidación y mantiene obligaciones pendientes con prestadores. Se estima que ese pasivo asciende a unos 213.000 millones de pesos.
La evolución no está terminada. En agosto, el Gobierno aprobó la estructura organizativa de la OSFA y, el 14 de septiembre, publicó el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control que regula su funcionamiento. La normativa apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones y la sustentabilidad financiera de la nueva obra social.
Simultáneamente, trabajadores agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este jueves una protesta en la sede central de la obra social, ubicada en Paso 551, Balvanera. Durante la movilización, integrantes del gremio ingresaron al edificio.
ATE denunció que alrededor de 600 puestos de trabajo están en riesgo por la reorganización y cuestionó posibles cierres y cambios en diversas dependencias vinculadas con la obra social. El sindicato advirtió además que el proceso podría impactar a 13 hoteles y dos complejos recreativos, principalmente en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, así como el futuro de las farmacias propias. Según la gremial, los cambios podrían traducirse en despidos de contratados o en la disponibilidad de personal de planta.
“No vamos a permitir que se echen a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad…”, expresaron desde ATE.
