La conversación sobre eficiencia y competitividad atraviesa a distintos sectores, incluso a aquellas empresas que, por el cambio de modelo económico, perdieron mercados y negocios. Aunque la estabilidad macroeconómica se fortaleció, aún no compensa debilidades estructurales como infraestructura deficiente, una carga impositiva elevada y costos laborales altos. Por eso, en estas semanas se vuelve a discutir la brecha entre el valor del cambio y los costos en pesos, una herramienta convencional para aliviar a industrias que deben ajustar precios y procesos; sin embargo, desde el Gobierno no se contempla activar esa válvula de alivio.

Nicolás Crisp, máximo responsable de Acon Timber —un aserradero de capitales europeos radicado en Virasoro, Corrientes, desde 2023— describe la diferencia de costos logísticos de forma contundente. Según él, trasladar un contenedor al puerto de Buenos Aires por vía barcaza implica unos 2.600 dólares, mientras que por camión sale alrededor de 1.800 dólares; en Brasil, ese mismo traslado oscila entre 300 y 600 dólares. Atilde; eso ocurre en un contexto en el que Corrientes ofrece una ventaja de crecimiento forestal: un árbol tarda 15 años en madurar, frente a 30 años en Europa, pero los costos actuales terminan expulsando a la empresa y a otras firmas de la región de los mercados. En ese marco, la región espera que el Congreso habilite cambios legislativos para permitir barcazas de otras banderas, especialmente paraguayas, y así reducir costos.

Para la administración de corte liberal, el cruce entre iniciativas legislativas y la realidad industrial es complejo: proyectos que podrían asistir a sectores industriales al borde de la asfixia siguen trabados. El episodio conocido como el affaire Adorni mordió una parte del capital cosechado tras la victoria electoral de 2025, y dejó tensiones dentro de las alianzas; ahora, en plena discusión electoral, esas conversaciones no logran encauzarse con claridad.

En el frente económico, la prioridad es demostrar, tanto a nivel interno como ante el Fondo Monetario Internacional, que se puede sacar adelante el presupuesto 2027, así como avanzar con una ley para endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas. A diferencia de lo ocurrido con el presupuesto 2026, esta vez no se presentó el proyecto en el recinto del Congreso ni se anunció una cadena nacional, lo que sugiere que la cuestión malvinera toma más protagonismo que la economía en la agenda pública. El presupuesto incluiría cambios en prestaciones como discapacidad y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), y, según algunos actores, ni siquiera entre colaboradores cercanos se tiene un conocimiento pleno de esas modificaciones antes de su presentación.

En este marco, el terreno fiscal continúa como eje de la gestión, con septiembre y octubre vistos como meses decisivos para definir el rumbo de las cuentas públicas y las medidas que podrían acompañar al presupuesto 2027.