La preocupación central es que buena parte de los ahorros que no figuran en el sistema financiero siga fuera del circuito formal, motivada por la desconfianza de los tenedores de esos fondos ante posibles consecuencias fiscales. Ese temor se alimenta, entre otros factores, por antecedentes de intentos previos de blanqueo que no alcanzaron los resultados esperados y por la falta de garantías ante eventuales inspecciones.
En ese marco se inscribe Inocencia Fiscal II, el proyecto que el Gobierno propone para actualizar la normativa vigente, que ya rige desde el 26 de diciembre de 2025. Tras cuestionamientos sobre varios puntos, el equipo económico presentó una versión revisada con la intención de esclarecer dudas y brindar mayores certezas a quienes decidan exteriorizar capitales.
El impulso reformador surgió desde el colectivo de contadores, que durante meses le explicitó al ministro Luis Caputo que, sin cambios, no habría suficiente confianza para declarar ahorros. Tras varias reuniones, Caputo aceptó enviar al Congreso un nuevo texto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe debatirse en el Senado.
Uno de los cambios centrales tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Bajo la normativa vigente, quedan excluidos quienes hayan tenido ingresos por más de $1.000 millones o un patrimonio superior a $10.000 millones en alguno de los tres años recientes. Con la reforma, ese universo podría sumarse al RSG, pero solo para ese régimen y quedando afuera de la presunción de exactitud y del tapón fiscal.
El proyecto también redefine cuándo se considera una discrepancia significativa entre lo declarado y la información que maneja la AFIP. Según los portavoces, si la diferencia es del 15% o más pero no supera los $5 millones, ya no será tratada como discrepancia significativa, lo que evita que diferencias de poco volumen disparen auditorías.
Además, se incorporan cambios en el cálculo de la discrepancia: ahora se tomará como base el impuesto determinado y no el saldo a pagar, ajuste que corrige una de las críticas centrales a la versión original, según explicó el experto del sector.
Cuando la discrepancia detectada por la AFIP supera los $5 millones, el contribuyente conservaría una vía para regularizar su situación. El texto mantiene esa vía como mecanismo de regularización, para evitar sanciones automáticas ante diferencias moderadas.
Quienes aportaron opiniones técnicas destacaron la importancia de estas modificaciones para generar incentivos reales a la declaración de capitales, a la vez que se busca preservar un marco de control y de garantías para el fisco. Entre los especialistas que participaron en el debate, destacan Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, y Mariano Ghirardotti, socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.
