La velocidad de avance de la Inteligencia Artificial (IA) está poniendo bajo la lupa el mundo del trabajo: los efectos son vastos pero aún difíciles de medir con precisión, porque la tecnología no solo redefine las tareas, sino también la manera de producir, distribuir y consumir. Los expertos advierten que la rapidez de propagación supera la capacidad de análisis y, en paralelo, los propios desarrolladores señalan que la evolución podría escapar de su control. Por eso, gobernanza y seguridad pasaron a ser prioridades centrales.
En Argentina, el tema empezó a tomar mayor relevancia en los últimos meses, a partir de los primeros impactos tangibles en el empleo. En el ámbito sindical, la inquietud es notoria: se suma a las urgencias por la falta de reactivación económica y por la amenaza de pérdidas laborales.
La CGT, que viene estudiando la cuestión desde hace tiempo, participó de una reunión reciente en la que se presentó un informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se detalló la exposición prevista de las actividades más habituales en el radio porteño ante la IA, y los resultados son significativos. El promedio de exposición está en sintonía con lo observado en otros países, pero hay rubros particularmente vulnerables: administración pública, finanzas, servicios profesionales y comercio, todos con alto grado de exposición a la automatización. Por otro lado, sectores como entretenimiento, construcción y servicio doméstico aparecen con menor amenaza.
En el plano empresaria, la UIA (Unión Industrial Argentina) está buscando una hoja de ruta y, para ello, coordinó un estudio de diagnóstico con Accenture. El objetivo es trazar evidencias y delinear políticas y acciones para enfrentar la transición sin comprometer puestos de trabajo.
Tanto el mundo sindical como el empresarial coinciden en que la gobernanza y la seguridad deben progresar al mismo ritmo que la adopción de IA. La idea es avanzar de manera proactiva: capacitación, recualificación y mecanismos de gestión de la transición para mitigar impactos laborales. Aunque el diálogo público-privado aún está en desarrollo, la expectativa es avanzar hacia respuestas coordinadas que permitan aprovechar las mejoras de productividad sin perder foco en la protección del empleo.
