El Partido Propuesta Republicana (PRO) confirmó este jueves su respaldo al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. La iniciativa, que propone endurecer las sanciones a aquellas empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin la autorización de Argentina, fue anunciada por el Gobierno al tiempo que solicitó a la dirigencia política priorizar su tratamiento y poner en pausa otras discusiones.

La postura del PRO se difundió mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial del partido en la red X. En el texto, la formación reiteró su posición de que las Malvinas “son argentinas” y señaló que ese reclamo no pertenece a un gobierno ni a un partido particular, sino que es una herencia que traspasa generaciones. Además, remarcó que la Constitución Nacional establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del archipiélago, vinculando así la defensa a fundamentos constitucionales.

En los fundamentos, el PRO argumentó que la protección de los recursos naturales de las islas es crucial. Indicó que hoy existen actores que buscan explotar petróleo, pesca y otros recursos sin la aprobación de Argentina. Se subrayó que la propuesta no se limita únicamente al petróleo y al gas, sino que abarca todos los recursos, sean renovables o no renovables, e incluye a quienes hacen posible la explotación: financistas, proveedores de logística y de servicios.

El comunicado también detalló que la iniciativa contempla sanciones económicas, inhabilitaciones y responsabilidades claras para las empresas implicadas. A la vez, dejó abierta la posibilidad de desistimiento: quienes decidan abandonar la actividad ilícita podrían reconvertir su inversión hacia actividades legales en la Argentina.

Cerrando su mensaje, el PRO afirmó que la defensa de la soberanía debe ejercerse “por la vía pacífica, diplomática y jurídica”, combinada con reglas claras y consecuencias reales. El jefe de bloque del partido en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, compartió un mensaje de respaldo en el que destacó que la herida histórica de 1982 continúa sintiéndose entre las nuevas generaciones, subrayando que la causa es del pueblo argentino y no de un gobierno o partido específico. Añadió que la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional busca dotar al Estado de herramientas concretas para proteger lo que es de todos.

Con el respaldo del PRO, el Gobierno se encuentra un paso más cerca de conseguir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, que además propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional centralizado bajo la conducción del Presidente y un esquema institucional para coordinar la defensa de la soberanía.