La Plata, Argentina – El titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, sostuvo que usar un lenguaje claro es una condición esencial para que la población pueda entender las decisiones del Estado y, así, ejercer sus derechos. Sus palabras llegaron en el marco de la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla este 1 y 2 de octubre en La Plata.

El encuentro, organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte bonaerense, cuenta con la participación del vicepresidente de la Corte, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y, entre otros invitados, el director de la RAE y presidente de ASALE, Santiago Muñoz Machado. La Academia Argentina de Letras actúa como institución anfitriona. En la agenda se debatirá la forma de comunicar las normas y resoluciones de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el impacto de la inteligencia artificial en la esfera pública y el acceso de la ciudadanía a las normas y decisiones públicas.

Torres explicó que el lenguaje claro debe estar presente en todas las ramas del Poder, de modo que las normas, resoluciones y sentencias puedan entenderse directamente por quienes están dirigidas. En diálogo con este medio, afirmó que la población tiene el derecho a entender una sentencia y el sistema judicial tiene la obligación de explicarla de forma que no exijan intermediarios y que se sepa qué se resolvió y por qué.

Además, el magistrado señaló que publicar una norma no garantiza su accesibilidad: una ley puede estar disponible para consulta pero resultar difícil de interpretar para quienes deben aplicarla. En ese sentido, afirmó que entender una norma facilita su aplicación, permite reclamar ante una autoridad o impugnar una decisión, y ese derecho a comprender actúa como un límite frente al poder estatal.

Santiago Muñoz Machado, al frente de la RAE y ASALE, coincidió con este enfoque. En una entrevista reciente con Infobae, sostuvo que el lenguaje claro es condición para la participación ciudadana y la defensa de las libertades, y añadió que la exigencia de claridad no debe limitarse a actos de los organismos públicos: también debe entenderse en empresas que prestan servicios esenciales o influyen en la vida cotidiana, como bancos, aseguradoras y compañías de energía.

Torres añadió que la adopción del lenguaje claro como política institucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires comenzó en agosto de 2019, marcando un marco de trabajo para hacer más comprensibles las decisiones judiciales y el resto de actos estatales.