La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires presentó este viernes un pedido de informes ante la Legislatura para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, brinde explicaciones sobre la coyuntura de seguridad en el territorio y la suspensión por 60 días del Régimen Penal Juvenil provincial, dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual.
La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, exige que Alonso “dé la cara” y detalle con qué recursos se está cuidando a los bonaerenses. Curestis sostuvo que la gente necesita seguridad efectiva, no discursos, y advirtió que la provincia se percibe como una zona en la que enviar a los chicos al colegio se volvió una cuestión de supervivencia, criticando lo que calificó como un garantismo que afectaría el orden.
La solicitud se formalizó mediante un proyecto ingresado en la Cámara de Senadores y apela a los artículos 90 y 92 de la Constitución provincial, así como a los artículos 146, 147, 148 y 150 del reglamento interno para que Alonso informe “in voce” sobre el estado real de los recursos humanos y materiales con que cuenta la policía.
El diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de información oficial sobre la fuerza policial. Aseguró que Alonso debe dar explicaciones y sostuvo que no existen datos públicos sobre personal, rutas de patrullaje ni un mapa del delito actualizado; criticó una visión garantista de la seguridad y afirmó que el delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía.
El titular del bloque de diputados de LLA en la Legislatura, Juanes Osaba, sumó su reclamo al gobernador Kicillof: enfatizó la necesidad de que asuma la responsabilidad y empiece a actuar de manera concreta, subrayando que hace más de seis años que los delincuentes operan con libertad y que la población queda expuesta.
La ofensiva libertaria se intensificó tras la decisión de la jueza Pascual de suspender el nuevo régimen penal juvenil, que reducía de 16 a 14 años la imputabilidad, al entender que la provincia no tiene infraestructura adecuada para contener a posibles nuevos detenidos. En paralelo, este jueves fue baleado un excomisario frente a un colegio en El Palomar, Morón.
En su defensa, Alonso publicó en redes sociales que la provincia registra la menor cifra histórica de homicidios; afirmó que desde que asumió hay 18.000 presos más en las cárceles bonaerenses y que se está llevando a cabo la mayor inversión en seguridad de la historia provincial.
