En la tercera jornada informativa ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, la Secretaría de Legal y Técnica envió a María Ibarzábal Murphy para defender el proyecto oficialista sobre la Soberanía Nacional de Malvinas. Su exposición contrasta con la ausencia de otros funcionarios solicitados por los diputados, como el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La funcionaria, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, buscó responder a las quejas de varios legisladores que habían reclamado la presencia de más integrantes del Ejecutivo para precisar los detalles del texto. En un inicio, afirmó que el tema es de interés para todos y que la meta pasa por defender la soberanía, incluso planteando la necesidad de avanzar hacia una desescalada de tensiones.
Ibarzábal Murphy admitió que la iniciativa tiene “fallas técnicas” y afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. De ese modo, anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral para supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que, según el proyecto, quedaría a cargo de representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei, con la idea de coordinar la actuación de los tres poderes en cuestiones de seguridad nacional.
Además, la titular de Legal y Técnica dejó claro que el Gobierno no tiene intención de dividir el texto, frente a reclamos de bloques como Unión por la Patria, que propone fragmentar la iniciativa. En paralelo, la bancada Provincias Unidas adelantó que presentará un dictamen propio que se limitaría al Título I, referido a la defensa del territorio malvinense.
Ibarzábal Murphy insistió en que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia, basada en tres pilares: sancionar a quienes explotan de forma ilegítima los recursos, incentivar a las partes involucradas para cesar esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse ante amenazas externas.
Por su parte, el bloque oficialista dejó entrever que trabajará en una reformulación del Título I para reafirmar el compromiso con la soberanía de Malvinas, incorporando, a la vez, ajustes al texto. Desde la oposición, en cambio, continuaron analizando la iniciativa y cuestionaron la aparente concentración de poder que, a su juicio, podría derivar en una ley “ómnibus” que centralice decisiones clave.
