Hace unos días se hizo público el relato de Valentín Yankelevich, en el que describe haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su padre durante su infancia, episodio que desencadenó su rescate gracias a su abuelo. Su testimonio se suma a una conversación más amplia sobre cuán común es el maltrato dentro del ámbito familiar, mucho más frecuente de lo que suele admitir la sociedad.
La discusión sobre estas dinámicas no se reduce al terreno emocional: algunas lecturas antropológicas sitúan la prohibición de ciertos comportamientos incestuosos como una frontera entre lo natural y lo cultural. En esa línea, la clínica psicoanalítica ha mostrado, en múltiples casos, que las experiencias de abuso ocurridas en contextos familiares se inscriben en un marco de poder y tabú que complica la denuncia y la toma de distancia. Freud, por su parte, señala que el deseo inconsciente de un sujeto puede contener impulsos que, aunque amenazan la convivencia, no llegan a materializarse en actos filicidas; es el parricidio lo que suele manifestarse cuando un padre ejerce violencia sobre un hijo.
Sin embargo, una cosa es la fantasía o el miedo narrado en consulta y otra muy distinta es la acción violenta en la realidad. Dado que estos impulsos están profundamente estigmatizados, los entornos cercanos a la víctima suelen optar por el silencio o la negación, mientras que la Justicia muchas veces se muestra reacia a actuar con eficiencia ante estas denuncias.
En la Argentina, el fuero responsable de estos delitos enfrenta limitaciones presupuestarias y de recursos que dificultan una respuesta ágil. Un ejemplo notable es la demora para disponer de una cámara Gesell, herramienta clave para la elaboración de testimonios de menores. Estas trabas amplifican el costo subjetivo y social de denunciar un abuso, pues la víctima debe soportar un proceso que, además de lo legal, implica enfrentar vergüenza y estigmatización.
En el relato citado, la víctima remarca la denigración sufrida: era habitual que le imitaran frases descalificadoras, reforzando la idea de que no tenía valor. A pesar de la denuncia realizada en su momento, el entorno optó por el silencio. El agresor, por su parte, conoce bien las dinámicas de autoridad y explotación que permiten doblegar a un niño o una niña, sumiendo al afectado en un mutismo tóxico que, en muchos casos, puede prolongarse años e incluso persistir en el tiempo.
El debate está en juego: la vergüenza que acompaña a la víctima y la responsabilidad de quienes deberían protegerla. La narración también pone de relieve el papel protector de un abuelo, que intervino para impedir que la historia terminara en un desgaste irreversible. En ese aspecto, la experiencia mencionada subraya tanto la vulnerabilidad de las víctimas como la importancia de redes de apoyo que permitan romper el ciclo de la violencia.
