El Ejecutivo continúa con su plan de privatizaciones tras la señal de AySA como uno de los puntos clave del cronograma. En la jornada, se abrió la oferta económica para quedarse con el 90% de las acciones de la empresa, donde un consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor ofertó US$340,2 millones; mientras que la denominada coalición Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre presentó una propuesta de US$285 millones. La apertura no implica adjudicación automática: corresponde a la Comisión Evaluadora emitir un dictamen y remitirlo para la resolución correspondiente.
Antes de fijar una ganadora, deben intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. Una vez superadas esas etapas, se podrá cerrar la operación y firmar el contrato. En paralelo, la firma ganadora deberá constituir la sociedad holding que controlará AySA; se estima que ese trámite podría demorar aproximadamente un mes, y el cobro de US$340 millones se materializaría al momento de la firma.
La operación prevé transferir el 90% del paquete accionario actualmente en manos del Estado, y el nuevo operador quedará obligado a realizar inversiones por US$2.000 millones orientadas a ampliar y mejorar el servicio. Además, la llegada de un nuevo controlador podría conllevar cambios en la estructura directiva de AySA.
Paralelamente, el Gobierno quiere retomar la licitación de Intercargo. La primera convocatoria terminó desierta en julio, con la venta del 100% de sus acciones y un precio base de US$45 millones. Ahora se analizan modificaciones en las condiciones para relanzar el proceso, aunque todavía no hay fecha ni precio de base definido. El objetivo es mantener a Intercargo como unidad operativa, conservando contratos, licencias y prestación de servicios en los aeropuertos donde opera, mientras el Estado podría retirarse por completo de la sociedad.
En el plano energético, el Gobierno apunta a avanzar también con la venta de las participaciones estatales en las centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín. A fines de septiembre, la administración ya había autorizado avances en esa dirección.
