En Buenos Aires, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó la decisión de Laura Beatriz de Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, de declarar inconstitucional la primera norma de la reciente regulación penal para menores y de dejar sin procesamiento a un joven de 14 años acusado de tentativa de robo. Según la funcionaria, esa interpretación tiene un impacto negativo en la justicia y en las víctimas, y contraviene el consenso logrado para avanzar con la reforma.
Monteoliva recordó que la nueva regulación penal juvenil se gestó con la participación de distintos sectores políticos para atender una deuda histórica en la materia. Aseguró estar en desacuerdo con esa postura y subrayó que perjudica a los argentinos, sin beneficiar a la víctima ni al propio adolescente.
La ministra elogió la valentía y el valor de jueces y fiscales y afirmó que estas definiciones pueden afectar lo que se viene defendiendo. Agregó que la solución no pasa por liberar a quien comete delitos ni permitir que siga cometiéndolos, y señaló que hay que buscar herramientas legales para revertir situaciones puntuales.
Consultada sobre posibles mecanismos para revertir la decisión, respondió que habrá que evaluar herramientas o decisiones puntuales que permitan restablecer el marco normativo. En su enfoque, dijo, se debe considerar tanto a las víctimas como al adolescente involucrado y analizar qué medidas podrían aplicarse para encauzar este tipo de casos.
Cabe recordar que Laura Beatriz De Marinis, al frente del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3, firmó el lunes una resolución que declaró inconstitucional el artículo primero de la nueva regulación penal juvenil, dejando al menor de 14 años sobreseído por tentativa de robo. La decisión desencadenó una oleada de reacciones políticas, entre ellas pedidos de juicio político.
Sobre la interna del Gobierno, Monteoliva descartó formar parte de la mesa política y afirmó que su foco está puesto en la gestión de seguridad. Señaló que las diferencias entre integrantes son parte de la dinámica política cuando existe acuerdo en los objetivos de fondo, y sostuvo que su labor diaria es dedicarse a la seguridad pública.
En ese marco, la ministra puntualizó que las discusiones propias de ese ámbito deben ocurrir ahí, y que las discrepancias forman parte de la vida institucional frente a metas compartidas.
