Tal como había adelantado, el gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante el mismo órgano judicial para cuestionar el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Con este movimiento, el Ejecutivo intenta frenar la implementación de la norma, cuyo objetivo es disponer fondos para salarios del personal y becas estudiantiles, entre otros conceptos.
La nueva táctica para no acatar la legislación nacional reaviva un conflicto que ya moviliza a la comunidad educativa, a organizaciones sociales, gremiales y políticas, y que acentuará la presión pública el próximo jueves 15, cuando varias agrupaciones se movilizarán hacia el Congreso.
No obstante, el juez Martín Cormick aclaró que la cautelar que ordena al Gobierno cumplir con los artículos 5 y 6 de la LFEU se mantiene vigente hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se pronuncie sobre la cuestión. En ese marco, el Ejecutivo deberá comenzar a transferir los fondos correspondientes a salarios del personal y a becas estudiantiles.
“El gobierno tomó una decisión política de no cumplir con la ley”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba). En su visión, el recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano demuestra que, en Argentina, las instancias de apelación parecen no tener límite cuando el poder está de por medio.
