Tras el revuelo generado por el apartado de Discapacidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno avanza sobre una salida intermedia para encarar el conflicto. Fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso consultadas por LA NACIÓN señalan que se trabajará en retoques al texto de las proyecciones económicas para 2027, sin renunciar a los puntos que consideren innegociables.
La lógica oficial busca calmar el malestar dentro del propio gabinete y entre los aliados del oficialismo frente a la descoordinación observada. El punto crítico de la polémica fue que el proyecto enviado a Diputados elimina la actualización obligatoria de las prestaciones para discapacidad y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus precios, cuestiones que, según algunos, no habían sido acordadas en la mesa política del Gobierno, según mencionó la senadora Patricia Bullrich.
El plan, originado en el Ministerio de Economía bajo la conducción de Luis Caputo y revisado por Legal y Técnica, dejó heridas abiertas en el seno del oficialismo y en sus socios de Pro y la UCR. Paralelamente, quienes defendían la redacción sostuvieron que el presupuesto preserva el espíritu de equilibrio fiscal que promueve el presidente Javier Milei.
Con el conflicto escalando, se desarrolló una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado —quien está a cargo de gestionar el tema discapacidad con los aliados y es ex Pro—, a la que luego se sumó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A partir de ese diálogo se delineó un borrador para presentar a los aliados, orientado a obtener un dictamen que este grupo considere “superador” respecto de la atención a los discapacitados.
El Gobierno planea presentar en comisión la idea de avanzar desde una situación de emergencia hacia una legislación permanente, sustituyendo medidas excepcionales por normas de fondo. De ese modo, el oficialismo sostiene que se podrán establecer metas, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control, y reflejarlas en el proyecto de presupuesto 2027.
Los diputados libertarios que defienden esa postura anticiparán en comisión una crítica a la propuesta del kirchnerismo de prorrogar la emergencia más allá de su vencimiento a fin de año. Argumentarán que prorrogar es continuidad de un modelo excepcional, mientras que fijar nuevos parámetros podría ofrecer al sector privado un marco normativo más estable y a largo plazo.
“Vamos por un texto que descienda de la excepcionalidad a la permanencia. Estamos trabajando para lograr un dictamen sólido”, aseguró a LA NACIÓN una fuente de la gestión nacional. Otra cercana al tema añadió que “el Gobierno cederá, pero no en todo; irá hacia un punto intermedio”.
A medida que avanza el proceso, crece la expectativa sobre cuánto respaldo logrará el tratamiento de este tema en comisión y qué versión quedará finalmente plasmada en el presupuesto 2027.
