El Gobierno del Reino Unido respondió este jueves a las medidas argentinas dirigidas a empresas e individuos que suministran bienes y servicios a las Islas Malvinas, calificándolas como “inaceptables” y sin justificación legal. En paralelo, Londres reiteró su respaldo a las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago, con énfasis en el sector de hidrocarburos.
La réplica británica se dio mediante un comunicado difundido por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el texto, se afirmó que las Malvinas “son británicas” y se resaltó que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, en el marco de su autodeterminación.
El comunicado se hizo público luego de que la Argentina intensificara en las últimas semanas las medidas contra empresas y personas que proveen bienes y servicios a las islas, de manera directa o indirecta, incluidas firmas vinculadas a la exploración de hidrocarburos.
Kumaran subrayó que tanto el Gobierno británico como su red diplomática respaldan plenamente a las compañías afectadas por esas acciones y que cuentan con todo su apoyo. Además, recordó que no es la primera vez que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra actores con lazos comerciales con Malvinas y sostuvo que, aun así, la economía del archipiélago continúa prosperando.
En otra parte del comunicado, Londres criticó el uso de mecanismos internacionales para sancionar a empresas e individuos que realizan negocios con las islas, asegurando que “cualquier intento de politizar” esas herramientas resulta ilegítimo. El texto concluyó reiterando la voluntad de seguir trabajando junto al Gobierno de las Islas Malvinas para proteger sus intereses y promover nuevas oportunidades de inversión en el archipiélago.
La respuesta británica llega en un contexto en el que Argentina avanza en su ofensiva contra proyectos de exploración petrolera en torno a Malvinas. En ese marco, la administración de Javier Milei impulsó un proyecto de ley para endurecer las sanciones a quienes exploten recursos sin autorización argentina y presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por las perforaciones en el yacimiento.
