En un acto realizado en Dublín tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin, el excandidato presidencial estadounidense Donald Trump afirmó que una confrontación armada por la soberanía de las Islas Malvinas sería un desastre. Además, señaló que podría actuar como mediador si Argentina y el Reino Unido se lo solicitan expresamente. La Casa Rosada tomó las declaraciones con especial atención y, desde varios despachos oficiales, indicaron que la administración está evaluando distintas vías para sostener un diálogo claro con Londres.

Desde la Presidencia se destacó la relevancia de las palabras de Trump. En su intervención, el expresidente aseguró que, si es llamado a involucrarse, podría contribuir a una solución; describió a Argentina y al Reino Unido como dos países que, en la actualidad, están enfrentados por la cuestión Malvinas y consideró la situación “interesante” en términos geopolíticos.

Los comentarios del expresidente resonaron de inmediato en la cobertura internacional, ya que pareciera poner en duda la capacidad británica de desplegar recursos para mantener su posición sobre las islas, tal como ocurrió en 1982. Trump sostuvo que el Reino Unido afronta hoy problemas internos, entre ellos migración y energía, que podrían limitar un despliegue militar prolongado, sugiriendo que no sería sencillo realizar operaciones lejanas, “semanas en barcos”, en referencia a una acción de larga duración.

Estas expresiones llegan en un momento de reactivación de la política exterior argentina respecto de Malvinas. El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei presentó un conjunto de medidas orientadas a endurecer la postura del país: sanciones a empresas que exploten hidrocarburos en la zona sin autorización, refuerzo del presupuesto de Defensa y la proyección de una Base Naval Integrada en Ushuaia. Parte de esas decisiones se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026 y el Decreto 868/2026, que designaron a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Dicha norma establece penalidades para exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la debida autorización.