La decisión fue tomada este miércoles por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, en respuesta a un reclamo renovado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La orden responde a la falta de actualización salarial de docentes y personal no docente y a la insuficiencia de fondos para becas estudiantiles, aspectos que el CIN señala como parte del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU).

La resolución establece la imposición de astreintes diarias por un monto inicial de 100.000 pesos, dirigidas al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, por ser la autoridad responsable de la administración del presupuesto. El texto señala que la cifra y los funcionarios alcanzados pueden modificarse si persiste el incumplimiento.

Según el fallo, la medida busca hacer efectivo el apercibimiento ya dictado y aplicar las multas diarias ante el incumplimiento comprobado. El magistrado detalla que la asignación inicial de 100.000 pesos podría ajustarse en función de la continuidad de la omisión.

Cormick ya había intimado al Poder Ejecutivo el 22 de septiembre, otorgando cinco días para regularizar la situación. Al vencimiento del plazo y ante la falta de registros de pago, la sanción quedó formalizada este jueves.

El Gobierno de la administración de Javier Milei había apelado el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, impulsado para intentar invalidad la LFU. No obstante, el magistrado sostuvo que la medida cautelar permanece activa, firme y obligatoria, y recordó que ya había sido validada previamente por la Corte Suprema.