Una acción colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California acusa a Anthropic, OpenAI y SpaceXAI de haber pactado de forma ilegal para disminuir la velocidad del progreso de sus sistemas de inteligencia artificial. Los demandantes sostienen que ese acuerdo entre competidores vulnera las leyes antimonopolio de Estados Unidos y perjudica a millones de usuarios que pagan suscripciones a servicios como ChatGPT, Claude o Grok, al reducir el valor recibido por su dinero.
El impulso inicial de la demanda se remonta a un ensayo publicado el 12 de septiembre por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, en el que pidió a todo el sector cooperar para desacelerar los avances tecnológicos con el fin de reforzar las medidas de seguridad. Ese mismo día, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, al frente de SpaceXAI, respondieron públicamente expresando su apoyo a la propuesta. Para los demandantes, ese intercambio de mensajes sirve como prueba de una coordinación entre rivales directos.
Sin embargo, la demanda señala que el proceso habría empezado antes. Menciona una declaración firmada en julio de 2026 por empleados de alto rango de varios laboratorios de IA, en la que se reconocía una “presión competitiva intensa para no ralentizar unilateralmente” el desarrollo de sus tecnologías. El documento también solicitaba al Gobierno respaldar un esfuerzo global para frenar el avance automatizado de la IA.
Los abogados de los demandantes aseguran que la cuestión central no es la decisión de priorizar la seguridad por parte de cada empresa, sino la forma en que optaron por hacerlo. Según la acusación, un acuerdo entre competidores para que el progreso tecnológico avance “más lento de lo que produciría la competencia de otro modo” genera un efecto anticompetitivo directo sobre los consumidores.
La demanda está presentado en nombre de cuatro suscriptores identificados de servicios de IA, representando a un grupo nacional potencial de usuarios afectados. El argumento central no cuestiona que cada empresa pueda moderar de forma independiente su desarrollo por motivos de seguridad, sino que varias compañías rivales acordaran sustituir la responsabilidad individual por lo que la acusación denomina “contenición colectiva”.
Para los demandantes, ese tipo de pacto contravendría las leyes antimonopolio, ya que un mercado competitivo es el que facilita la rendición de cuentas real y un progreso genuino. Nick Rowley, abogado principal de los demandantes, resumió el riesgo ante la posibilidad de que la IA quede fuera de control si la seguridad y los protocolos quedan en manos de acuerdos privados y con fines lucrativos entre las grandes corporaciones tecnológicas.
Los demandantes aclaran que no buscan impedir decisiones individuales sobre seguridad, pero sí cuestionan la viabilidad de un acuerdo entre competidores para frenar el desarrollo de manera conjunta, al entenderlo como una restricción anticompetitiva que podría afectar a usuarios en todo el país.
