El encuentro está previsto para las 11:00 en la sede del Ministerio de Salud y reunirá a representantes del área gubernamental con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El próximo mes, el Papa León XIV visitará el centro residencial y de apoyo para personas con discapacidad.
La CEA confirmó su participación en la reunión tras haber sido invitada por el Gobierno nacional; el objetivo declarado es conversar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que trabajan en su cuidado, acompañamiento e inclusión.
Del lado oficial participarán el jefe de Gabinete del Ministerio y otros funcionarios del Área. En representación de la Iglesia estarán el secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, creada recientemente por la Conferencia Episcopal con integrantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.
Desde la Iglesia subrayaron que la finalidad es fortalecer el apoyo de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las acompañan, y calificaron la invitación gubernamental como una oportunidad de diálogo para avanzar hacia respuestas concretas a las necesidades del sector.
En otro plano político, el mes pasado, el oficialismo consiguió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría sobre la situación de la discapacidad, en medio de tensiones internas y con la oposición. La propuesta oficial, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, pretende sustituir la emergencia vigente hasta fin de año y busca fijar un marco normativo estable que aporte previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
El proyecto sostiene que es preciso garantizar la sostenibilidad del sistema, la continuidad de prestaciones y beneficios sociales y la protección de los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente, alineándose con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre sus puntos figuran la continuidad y actualización de la pensión no contributiva por discapacidad, y la garantía de acceso a programas de apoyo para los beneficiarios.
