Patricia Bullrich elevó el pulso de la interna al focalizar una última decisión del Gobierno en materia de discapacidad, un giro presupuestario que dejó frentes de negociación en Diputados sin cierre y provocó malestar en legisladores de su propio bloque, al tiempo que alimentó las dudas de socios y voceros dialoguistas. En Olivos se leyó el impacto: la Casa Rosada, si bien evitó descalificaciones públicas, mostró señales de molestia y, según la lectura de la oposición, hizo gala de un tono más acusatorio de lo habitual.
Entre las particularidades del episodio aparece una retractación presidencial sobre Lali Espósito, cantante cuestionada por sectores libertarios. Bullrich aprovechó ese episodio para enfatizar su diferenciación respecto del poder, una jugada que aporta matices a la discusión sobre la forma de ejercer el mando. El hecho y las respuestas reavivaron la discusión sobre las lógicas y límites de una gobernanza percibida como cerrada.
La movida llega en un momento donde el oficialismo busca una producción política capaz de sostener expectativas ante una cosecha de noticias económicas desfavorable. El propio mensaje previo de Bullrich está ligado a la demanda de señales más claras de mejora económica que impacten en la vida cotidiana de la gente, y a la exigencia de mayor “velocidad” en los resultados para contrarrestar el clima electoral. Sus palabras, que para otros eran sólo trascendidos, fueron rechazadas con énfasis por el Presidente frente a ministros y legisladores de la coalición.
Las declaraciones de Bullrich alimentan cada vez más las especulaciones sobre su trayectoria de cara al año próximo. Se trata de una jugadora que se planta en una posición difícil de confrontar abiertamente ante Milei y frente al propio Presidente. Es un cuadro distinto al de las tensiones puramente domésticas del círculo de Olivos, entre otros actores como Santiago Caputo; el capital político en juego ya no es estrictamente interno y la dinámica podría cruzar la frontera de alianzas y negociación.
Más allá de la ambición personal, la situación exhibe un problema de fondo ligado a Olivos: dos puntos clave. Primero, puso en cuestión el esquema de decisiones al señalar que el tramo del Presupuesto para discapacidad no formó parte de la “mesa política” del oficialismo. Segundo, subrayó que decisiones de este tipo “resienten” la relación con socios y dialoguistas y podrían afectar la gobernabilidad. En la práctica, se trata de un conflicto ligado al arrastre de Milei, con antecedentes y con el contexto político y económico actual potenciándolo. O sea: el escenario vigente no es el mismo que el post-electoral de 2025, y la velocidad hacia 2027, con la reelección como objetivo, introduce una mirada distinta sobre cómo se toman decisiones y qué impacto pueden tener en el tablero institucional y empresarial.
