La Cámara de Diputados de la provincia salió a responder ante la denuncia del juez de Garantías Guillermo Atencio, quien planteó la posibilidad de encubrimiento en el marco de la causa que involucra a Julio “Chocolate” Rigau. La Legislatura sostuvo que su conducta fue acorde a derecho y que no orientó esfuerzos para obstaculizar el avance de la investigación.
En el descargo difundido por la Cámara, se señala que el archivo de las actuaciones fue aprobado el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes de que llegara el requerimiento judicial, el 19 de agosto. Asimismo, remarcan que la medida fue pública, que se votó en una sesión transmitida en vivo y que quedó asentada en los archivos del cuerpo.
Uno de los pilares de la defensa legislativa es diferenciar las actuaciones archivadas de la causa que investiga a Rigau. De acuerdo con la documentación analizada, los requerimientos y las decisiones administrativas cuestionadas corresponderían a la causa Rodríguez, vinculada a una investigación por hurto, y no directamente al expediente de Rigau.
La Legislatura afirmó, además, haber respondido a los pedidos de información realizados por la Justicia en la causa de “Chocolate”, y subrayó que esa investigación avanzó hasta la etapa de juicio, con personas que permanecen detenidas.
Fuentes judiciales, en cambio, señalaron que no existen dos causas distintas, sino que se trataría de una cuestión técnica: serían etapas de la misma investigación. También negaron que la Cámara haya colaborado de forma deficiente, señalando que, según su versión, habrían enviado legajos con páginas ausentes, datos equivocados y un informe presuntamente elaborado por los acusados, que sostiene que los presuntos ñoquis trabajaban y cobraban.
La defensa de la Cámara puso énfasis en las garantías constitucionales protectedoras de los integrantes del Poder Legislativo. Citan el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que protege las opiniones y votos de los legisladores en el ejercicio de sus funciones, y sostienen que no es admisible perseguir penalmente a diputados por las decisiones tomadas en su labor.
Sobre el marco institucional, la respuesta insistió en el principio de separación de poderes: la Justicia tiene facultades de control sobre los otros poderes, pero esas atribuciones no deben condicionar el funcionamiento del Poder Legislativo.
La presentación de Atencio abrió un nuevo capítulo en el caso de “Chocolate” Rigau, al activar una denuncia ante la Justicia penal tras la decisión legislativa de archivar documentación vinculada a empleados cuyas contrataciones eran asumidas por un puntero político. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.
